Clamor transversal contra la pobreza energética en Barcelona

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Ayuntamiento de Barcelona y Endesa renuevan su convenio sobre ayudas a la pobreza energética


El II Congreso Catalán de Pobreza Energética en Barcelona ha reclamado más incidencia política para influir en el precio de la energía en España, "uno de los más caros en Europa", que está generando el endeudamiento de familias vulnerables y menos consumo de otras necesidades básicas como alimentación y ropa.


En un comunicado este jueves, el congreso --que se celebra en las Cotxeres de Sants de Barcelona-- ha alertado de que las personas más vulnerables energéticamente son los hogares 'monoparentales', ancianos, personas recién llegadas y sin estudios secundarios, y que en el mundo rural "la vulnerabilidad energética es más invisible".


Los participantes en el congreso han destacado la necesidad de que las administraciones públicas promuevan las energías renovables, y el referente en política energética en España Javier García Breva ha observado: "Las legislaciones actuales son invitaciones a contaminar y arrinconar las renovables".


Lo han organizado los Ayuntamientos de Barcelona, Badalona y Sabadell (Barcelona); la Diputación de Barcelona; el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), la Associació Catalana de Municipis (ACM), la Taula del Tercer Sector, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Associació Ecoserveis.


FRENTE COMÚN


Este jueves, representantes de entidades y municipios alertaron en el congreso de que las empresas energéticas "están incumpliendo" la ley catalana contra la pobreza energética y reiteraron a la Generalitat la petición de que presione para obligarles a firmar convenios para asumir la deuda de las familias vulnerables.


En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmó: "Interpelamos a la Generalitat para que se obligue a estas compañías a sentarse y a asumir su corresponsabilidad", como recoge la ley y como reclamaron junto al Govern hace dos años, sin que haya habido respuesta por parte de las empresas.


Desde Barcelona se han evitado 10.000 cortes de suministros en casi dos años y se han atendido a 50.000 personas en los puntos de asesoramiento energético, explicó, e instó al Estado a "cambiar la regulación" para que recoja que se trata de un derecho fundamental, un cambio de paradigma que ha permitido en Catalunya esta ley.


NO PAGAR CON FONDOS PÚBLICOS


La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Maria Campuzano, ve falta de transparencia como consecuencia de que es un sector privatizado, y afirmó: "Reclamamos que estas deudas no se paguen con fondos públicos mientras hay un sistema en el que hay empresas que están haciendo negocios multimillonarios con derechos fundamentales".


La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, lamentó que las empresas eléctricas y de gas no quieren acogerse a la ley y rechazan aportar dinero a fondo perdido --como sí han hecho las de agua--, y ha calificado de "incomprensible" que no asuman esta deuda de familias vulnerables cuando tienen más de 1.400 millones de euros de beneficios anuales.


El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Sabadell, Gabriel Fernández, dijo: "Exigimos a los responsables políticos de todos los niveles que nos ayuden a exigir que las eléctricas vengan a dar una respuesta", ya que han rechazado incluso sentarse a hablar, lamentó, e indicó que su municipio no paga la deuda para obligarles de esta forma a negociar.

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