miércoles, 24 de abril de 2019

Jornadas en favor de garantizar el derecho a la capacidad jurídica en salud mental

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46 personas de diferentes ámbitos relacionados con el proceso de modificación de la capacidad jurídica han participado del ciclo de la Federación Salud Mental Cataluña sobre derechos en salud mental y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


Este, se ha convertido en uno de los proyectos seleccionados para la convocatoria 2018 de iniciativas y proyectos para la transformación social que impulsa la Obra Social La Caixa junto con la Federación de Salud Mental en Cataluña.


Como propuestas de cambio en la aplicación de los principios de la Convención, celebrada en el Palau Macaya de La Caixa, el informe presentado recoge: la formación, la creación del grupo de apoyo para la decisión conjunta y de la figura de apoyo al calle, así como la potenciación de la figura de gestión de casos, la revisión periódica programada de las sentencias de modificación de capacidades, la elaboración de un mapa de recursos de apoyo y el reconocimiento de los Grupos de Ayuda Mutua como espacios de apoyo a la toma de decisiones.


2 dretsalutmental Minkowitz y Sole

Federación Salud Mental Cataluña


Esta jornada de clausura del seminario ha contado con la participación de Tina Minkowitz, colaboradora en la redacción de la Convención y Alberto Vásquez, coordinador de Investigación de la Oficina de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.


La iniciativa forma parte del impulso y el trabajo que la Federación Salud Mental Cataluña, que representa 68 asociaciones de familiares y primera persona, inició en el año 2016 para poner en valor los derechos de las personas con problemas de salud mental.


El informe también evidencia las trabas a las que se enfrentan las personas con problemas de salud mental que han sido incapacitadas judicialmente para recuperar su derecho a la capacidad jurídica, ya que el proceso de recapacitación plantea muchos más obstáculos y es mucho más complejo que el de incapacitación.


Por otra parte, se apunta que el proceso de modificación de la capacidad jurídica no es un sistema neutral ni equitativo, ya que está orientado a identificar las problemáticas de salud y sociales, en lugar de destacar las capacidades de la persona.


Además, las figuras profesionales que intervienen no siempre tienen una formación específica en salud mental ni disponen del tiempo ni los recursos suficientes para valorar las necesidades de la persona y ofrecer alternativas que le garanticen los apoyos necesarios para conservar una capacidad jurídica plena.


La defensa de los derechos es una de las líneas estratégicas prioritarias de la entidad bancaria, que apuesta por un modelo sociocomunitario de atención a la salud mental basado en los soportes, la formación, el empoderamiento y la participación activa de la persona en el proceso de recuperación.

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