viernes, 22 de noviembre de 2019

El juzgado 13 estrecha el cerco sobre la propaganda electoral del 1-O

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Tv3 sede


La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona que investiga la logística del 1-O ha citado a declarar como investigado el viernes 22 de marzo al director comercial y de marketing de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Martí Patxot, por un presunto delito de desobediencia por los anuncios emitidos del referéndum.


En un auto, la magistrada Alejandra Gil le cita a las 16.30 horas para que explique los detalles de la emisión de anuncios de la campaña de difusión del 1-O en los medios públicos de televisión, radio y medios digitales por encargo de la Generalitat a la CCMA en septiembre de 2017.


En el mismo auto, la magistrada también requiere a la CCMA que aporte el nombramiento de Núria Llorach como vicepresidenta del Consejo de Gobierno con funciones de presidenta, que estaba vigente en 2017; los estatutos del ente vigentes ese año, y la certificación de la emisión del anuncio de la campaña 'Civisme' especificando los días de dichas emisiones.


Patxot ha sido citado después de que los directores de TVC, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, hayan declarado como investigados ante este juzgado y hayan alegado que la emisión de anuncios no dependía de ellos sino de las áreas de marketing y publicidad.


Asimismo, Sanchis afirmó en su declaración judicial que pensó que el requerimiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 1-O no incluía dejar de emitir el anuncio de la Generalitat y que se mantuvo ya que nunca le llegó ninguna orden expresa sobre retirarlo.


Por su parte, Gordillo se desmarcó de las decisiones sobre publicidad porque según él dependen de la dirección corporativa de marketing, y aseguró que ni él ni nadie de su equipo sabía cómo se gestionar el programa de la publicidad que se inserta ni tenía capacidad técnica para incidir en la parrilla de publicidad.


EL JUEZ SANTI VIDAL


El viernes también está previsto que declare como investigado, por segunda vez y a petición propia, el exsenador de ERC y juez Santi Vidal, cuyas declaraciones públicas sobre presuntas irregularidades del Govern vinculadas con el proceso soberanista motivaron la apertura de la causa, a raíz de denuncias del abogado Miguel Durán y de Vox.

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