miércoles, 24 de abril de 2019

El juez Florit, investigado por un delito de prevaricación, declara ante el Tribunal Superior de Baleares

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El juez que instruye el 'caso Cursach', Miguel Florit, que ha declarado este lunes como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), ha señalado que no vulneró el secreto profesional al ordenar la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían la macrocausa de corrupción policial.


Juez florit


El magistrado ha entrado a declarar sobre las 10.30 horas y su intervención se ha prolongado durante más de una hora. Tras él, ha entrado a declarar el representante de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Carrau, como testigo, sobre las 12.00 horas.


Durante su declaración, que ha durado más de dos horas, el fiscal ha mantenido que sus actuaciones dentro de esta causa, conocida como 'caso Móviles', fueron correctas. Inicialmente Carrau fue llamado como investigado, pero recientemente la Sala del TSJIB estimó de forma parcial un recurso del fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, y revocó la admisión de la querella respecto a Carrau.


LA DEFENSA SOSTIENE LA ACCIÓN PENAL


Tras las declaraciones, el abogado de los querellantes, Nicolás González-Cuellar, ha explicado ante los medios de comunicación que sostienen la "acción penal" ya que consideran que la acusación por violación del secreto profesional "está fundada". "Lo pensábamos antes de las declaraciones y lo pensamos ahora", ha aseverado.


Respecto a esta afirmación, el fiscal Barceló ha asegurado, a su salida del TSJIB, que respeta las "declaraciones de todo el mundo". "Que digan lo que les parezca", ha añadido.


En relación a Carrau, Barceló ha dicho que "no tiene de momento ninguna connotación como investigado" por lo que, tal como ha añadido, "no hay ningún problema para que declare como testigo".


Por otro lado, Barceló ha dicho que la Fiscalía Anticorrupción en Madrid será la encargada de la investigación del fiscal Miguel Ángel Subirán y el juez Manuel Penalva, por la decena de delitos que la Policía considera que podrían haber realizado dentro de la instrucción del 'caso Cursach'. Entre estos delitos se encuentra la revelación de secreto e integración en grupo criminal.


BARCELÓ: "O TE PASAS O TE QUEDAS CORTO"


Así, Barceló ha explicado que de esta pieza se encargará la Fiscalía de Madrid, que será la que decida el "fiscal o fiscales", por una "razón muy sencilla" ya que, tal como ha dicho, si se debe investigar a un compañero con el que "se lleva 30 años" trabajando "o te pasas o te quedas corto".


Además, Barceló ha dicho que también debe ser la Fiscalía Anticorrupción la que decida si el resto del 'caso Cursach' se deriva a Madrid o solo se deriva esta pieza separada.


'CASO MÓVILES'


En relación al 'caso Móviles', para este martes, el TSJIB también ha citado a declarar como testigos a los periodistas afectados Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca'.


Tras ellos, comparecerá como testigo el inspector jefe de la Policía Judicial encargado de la investigación en el Juzgado. Se trata del agente que solicitó las medidas adoptadas por el juez, y que participó presencialmente en la incautación de los equipos.


Además, elaboró un informe a petición de Florit, en el que defendía que los listados de llamadas de los periodistas eran "vitales" para investigar la revelación de secretos en las noticias publicadas sobre el 'caso Cursach'.


QUERELLA POR PREVARICACIÓN


La querella se presentó después de que la Policía se incautara, por orden de Florit, de los teléfonos móviles de los dos redactores de Europa Press y 'Diario de Mallorca', en la pieza abierta para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al 'caso Cursach', la conocida como 'caso Móviles'. También requisaron ordenadores, un pendrive y diversa documentación en la sede de Europa Press.


Los periodistas y sus medios de comunicación interpusieron una querella contra Florit por prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico. Posteriormente, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma. En el caso de Pou, requirieron a una operadora datos que abarcaban hasta enero de 2016.


Todas estas medidas fueron solicitadas por la Policía Nacional y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau. En cuanto al rastreo de los teléfonos, dio el visto bueno a la solicitud a las compañías telefónicas considerando la medida "no invasiva" y "proporcionada"; y en cuanto a la incautación del material, además de pronunciarse a favor de la requisa de los equipos, pidió que el acceso a la información abarcara "whatsapps, mensajes, correos electrónicos y otras redes sociales". Por ello, los periodistas le acusaban como "inductor" de las decisiones del juez.


El TSJIB descartó archivar la querella, como pedía el fiscal Barceló, al entender que "no se ha avanzado lo suficiente" como para descartar que los hechos "sean constitutivos de infracción criminal".


Respecto a las alegaciones de la Fiscalía, que aseguraba que las medidas adoptadas por el Juzgado no perseguían encontrar las fuentes de información de los periodistas, la Sala rechazó sus argumentos recordando que el secreto profesional, protegido en el artículo 20 de la Constitución, "no sólo protege la identidad" de las fuentes de los periodistas "sino que también cubre el material de trabajo" o "la metodología utilizada" para publicar una información. Además, destacaba que la Policía Judicial indicó en un oficio que la medida perseguía precisamente "descartar la filtración de terceros y una posible imputación errónea".


Asimismo, la Sala concluye que el oficio de la Policía "no es suficiente para descartar que se haya producido el acceso al contenido de los dispositivos intervenidos" porque "se trata de una exposición de hechos confeccionada por la misma autoridad que tenía los terminales bajo su custodia".

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