Shakira declara como investigada por un presunto fraude de 14,5 millones

La cantante Shakira declara este jueves ante el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) como investigada por un presunto fraude fiscal de más de 14,5 millones de euros.

Este juzgado de Esplugues --donde ella vive-- recibió por reparto la querella de la Fiscalía por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones en IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP), a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá, y ha abierto un procedimiento.

La cantante defiende que ha pagado todas las cantidades que le exige la Agencia Tributaria y que no está en deuda con el Estado, y asegura que cumplió sus obligaciones tributarias siguiendo las indicaciones de sus asesores fiscales, de la consultora PWC, expertos en materia fiscal de reconocido prestigio.

En la querella, la fiscal Carmen Martín Aragón considera que la cantante dejó de presentar la liquidación del IRPF e IP en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12.371.197,97 euros (IRPF) y de 2.191.771,58 euros (IP).

La fiscal considera que Shakira vivía en España durante estos ejercicios, y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron "esporádicas", por lo que la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de obligado tributario y residente fiscal.

Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios.

Así, según la fiscal, la única relación de Shakira con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.

Según el cómputo de la Fiscalía, la querellada permaneció de manera efectiva en España 243 días en 2012, 212 días en 2013 y 244 días en 2014, y se ausentó del país para atender sus compromisos profesionales y de ocio: 123 días en 2012, 153 días en 2013 y 121 días en 2014.

Por ello, la fiscal defiende en su escrito que, al tener su residencia en España de manera habitual y haber permanecido más de 183 días en cada año natural, "era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera que fuese la residencia del pagador", así como por todo su patrimonio.