La OID debe 86 millones de euros a Hacienda mientras sus fundadores se hacen ricos

Pie de foto: Acto de la OID en Murcia.

La Agencia Tributaria difundió su particular amonestación pública anual en la que, desde hace cinco años, señala a aquellos contribuyentes que adeudan más de un millón de euros al fisco. El séptimo lugar lo ocupa la Organización Impulsora del Discapacitado (OID).

La OID según Hacienda le adeuda la friolera de 86,14 Millones de euros pese a la comercialización del Euroboleto. Y es que la OID realiza un negocio que sobre el terreno ni ayuda a los discapacitados ni contribuye a la integración y promoción de este colectivo, una organización montada exclusivamente para los fines personales de Dionisio González Otero.

EL FUNCIONAMIENTO ANÓMALO DE LA OID

Recaudan diariamente la friolera de 1.400.000 euros y sus gerentes aplican la máxima de que, en tiempos de necesidad, sus empleados son fácilmente sustituibles. Al frente de su grupo empresarial, Dionisio González tiene como persona de confianza a su financiero, Tomas Gómez Ruiz, quien, además de llevar las cuentas de las sociedades particulares de González que tiene junto a la vicepresidenta de OID, casualmente su mujer, que controla estrictamente todos los movimientos económicos de la OID.

Lo más grave de toda esta historia es que la OID está convirtiendo en ricos a sus promotores dando la imagen de procurar trabajo a las personas discapacitadas y en la utilización del drama del paro en España para conseguir captar trabajadores a bajo costo y fácilmente manipulables. Además hay datos que demuestran que muchos de sus trabajadores no tienen discapacidad.

En ese sentido existe en la OID el llamado "voluntariado social", que permite a personas que estén en paro y no tengan ninguna minusvalía, poder vender boletos de manera voluntaria y ganarse un dinero.

Si va andando por la calle puede toparse con vendedores de boletos de la OID, un entidad ilegal, según la Audiencia Nacional donde sus empleados son mayoritariamente discapacitados que trabajan entre 10 y 12 horas diarias para ganar 5 o 10 euros. Porque al margen de la ley, hay una veintena de organizaciones que operan en el sector sin tener una autorización que lo habilite como es el caso de la OID.

16 sentencias de la Audiencia Nacional confirman su ilegalidad, mientras que otras cinco sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cantabria y Canarias imponen sanciones administrativas, además de insistir en la falta de autorización de la organización. A pesar de no contar con la autorización necesaria, la asociación vende boletos desde hace 25 años. Actualmente, cuenta con unos 3.000 trabajadores repartidos entre 49 de las 50 provincias españolas.

No tienen un sindicato de trabajadores porque no se les puede dar de alta en la Seguridad Social "al entender que era una actividad sin autorización administrativa” y la entidad contrata a personas con cualquier tipo de discapacidad, pero también a "discapacitados sociales" como familias monoparentales, madres solteras, etc.

LA OID HACE RICOS A SUS DIRECTIVOS

Dionisio González y algunos de sus directivos llenan sus bolsillos con los beneficios resultantes de la venta ilegal del boleto de los discapacitados. Esta es la conclusión de la Policía que, también, asegura que el patrimonio de los ejecutivos de esta organización "sin ánimo de lucro" muestra signos de opulencia tales como negocios hosteleros, coches de alta gama y pelotazos inmobiliarios.

La Policía precisa en sus acusaciones: “Con los beneficios económicos de la venta del boleto, algunas de las mercantiles investigadas están invirtiendo importantes fondos en hoteles y posadas rurales que desarrollan actividades complementarias: rutas a caballo, quads o excursiones 4×4″. Algo que contrasta con el teórico fin de ayudar a personas discapacitadas que publicitan tanto OID como el resto de sociedades de la organización.

Los informes policiales inciden especialmente en una operación inmobiliaria relacionada con la adquisición y posterior venta del complejo hotelero ‘Posada Puente Romano’, ubicado en Toñanes, Cantabria. Una finca adquirida por la inmobiliaria Canto-Celta, propiedad de Dionisio González Otero y donde también participan su esposa, Victoria Salas — vicepresidenta a su vez de OID— y sus hijas Carmen y Gema.

Pie de foto: Dionisio González en una entrevista concedida a la Sexta. 

Dicha operación de compra se cerró en 2004 por un precio de 625.000 euros. Cinco años después, en 2009, la familia de González Otero la vendió por 1,4 millones a Discapiso, cuyo socio único es SOID, matriz de la mayoría de las empresas del grupo de Dionisio González, que se financia exclusivamente mediante los beneficios del cupón de OID. En este sentido la plusvalía a su favor por esta operación inmobiliaria fue de casi 800.00 euros.

Un dinero que el clan de Dionisio González invirtió en la compra de un chalé en Suances, Cantabria, por 588.000 euros, además de una parcela en Toledo que era propiedad de su madre y que se quedó por otros 148.000 euros.

Aunque no tiene coche propio, Dionisio suele desplazarse con un Mercedes-Benz de OID. A su patrimonio también hay que añadir las propiedades que tiene en común con su esposa: un piso de 111 metros cuadrados en Santander y una casa y una finca en Cabezón de la Sal, también en Cantabria.

María Ángeles Cayón, vocal de OID, posee una vivienda de 195 metros cuadrados en el interior de una finca de 325 en Calera y Chozas, Castilla-La Mancha. Además, tiene otras dos en Cantabria. Una en Cartes, de 118 metros cuadrados, y otra en San Felices de Buelna. Como añadido disfruta de un BMW 318 a nombre de su sociedad, Pasiegos del Norte.

Ana Sobrino Pérez, secretaria general de OID, posee una propiedad de 300 metros cuadrados en Talavera de la Reina. Su valor es de 413.000 euros. También tiene una finca en Madrid de 66 metros cuadrados y otra en Valladolid de 184 metros cuadrados. Atesora también un Jaguar matriculado en 2010 y un Volkswagen Golf a nombre de su sociedad, Innovaciones Pisuerga.

José Antonio Tarno, tesorero de OID, posee seis inmuebles urbanos y 29 rústicos. Posee un Chevrolet Nubira adaptado para minúsvalidos y un BMW 530dA. Ha hecho negocios inmobiliarios con Dionisio González, quien le compró una vivienda en Madrid por 409.000 euros a través de Discapiso. Se da la circunstancia de que Discapiso, del presidente de OID, se nutre de fondos de esta entidad sin ánimo de lucro como supuesto proveedor.

Consuelo Fernández Carreño, vocal de OID, posee un ático de 70 metros cuadrados en Madrid valorado en 140.000 euros; un piso en Torrelavega, Cantabria, de 184 metros cuadrados y una finca en ese mismo municipio de más de mil metros. Posee otra finca de 471 metros cuadrados en San Vicente de la Barquera, donde se asienta la posada ‘El Trenti la Corona’, finca a nombre de su hijo. La Policía, no obstante, sospecha que la avaló ella misma con una hipoteca y financió las obras posteriores. Su valor catastral superaría los 313.000 euros. Fernández Carreño cuenta además con un amplio surtido de coches a través de su sociedad, Chelosio Cantabria: tres BMW, dos serie 320 y un X1.