​El exmáximo accionista de BPA, Higini Cierco, se queralla contra el antiguo Gobierno de Andorra

El exmáximo accionista de Banca Privada d'Andorra (BPA) antes de nacionalizarse, Higini Cierco, ha presentado este lunes 15 de julio una querella contra el exjefe de Gobierno del Principado Toni Martí y los exministros Jordi Cinca y Gilbert Saboya, por presunta prevaricación continuada en el 'caso BPA'.

La querella, también se presenta contra el presidente y el director de la Agència estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (Areb), Albert Hinojosa y Òscar Gelabert, y contra la exdirectora del Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf) Maria Cosan.

Cierco alega presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas en decisiones desde antes de publicarse la nota del 10 de marzo de 2015 del Financial Crimes Enforcement Network estadounidense (FinCEN) sobre supuesto mal funcionamiento de la entidad.

El texto constata que Martí anunció ese día la intervención de BPA por parte del Inaf: "Este anuncio fue devastador para BPA y provocó, como ya es público y notorio, la expoliación, muerte y desmantelamiento de la entidad", según la querella.

La querella apunta a Martí textualmente como primer responsable de todas las decisiones tomadas a raíz de la nota del FinCEN y como quien instó a Fiscalía a emprender actuaciones contra los responsables de BPA.

"También ha sido (junto con sus ministros) el promotor de la aprobación de la Ley 8/2015 del 2 de abril de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias", la 'Ley Areb'.

Para Cierco, esta ley fue "una ley exprés y ad hoc de aplicación en el 'caso BPA' que incluía una discriminación incomprensible e inaceptable dejando a los accionistas con menos de un 10% del capital del banco exonerados de la obligación de tener que amortizar y recapitalizar la entidad que se declaró inviable sin ni siquiera contemplar en ningún momento su posible reestructuración".

Así, la querella también alega decisiones posteriores a la publicación de la nota del FinCEN, y hasta la reciente reclamación desde la Areb de más de 400 millones de euros a los miembros del exconsejo de administración del banco.

DECISIONES "PARA CONTINUAR PERJUDICANDO"

En un comunicado, considera injustas numerosas decisiones tomadas desde entonces y que -según Cierco- se adoptaron "para continuar perjudicando y acusando tanto a los antiguos propietarios de BPA como a muchos de sus trabajadores y clientes".

La querella defiende que las cuentas y mecanismos de funcionamiento del banco siempre los auditaron organismos independientes y los aprobaron organismos de supervisión estatal, entre los que destaca el Inaf y la Unitat d'Intelligència Financera d'Andorra (UIFAnd).

La querella pide al juez que todos los querellados declaren, que organismos presuntamente implicados aporten todas sus comunicaciones entre ellas o con el FinCEN o con autoridades españolas en este caso, y que se aporte el informe "que informaba de la existencia de cerca de un millar de cuentas o clientes que habrían blanqueado".