Apartan a un jesuita denunciado por abusos

La Congregación para la Doctrina de la Fe ha impuesto al sacerdote jesuita Pere Sala, de 95 años, denunciado y apartado cautelarmente por presuntos abusos, la prohibición de celebrar públicamente los sacramentos, realizar actividades apostólicas y pastorales de carácter público, mantener trato con menores, conceder entrevistas y tener perfiles en redes sociales y salir de la comunidad en que reside sin permiso expreso de su superior.

El proceso contra este sacerdote se inició a principios de este año como consecuencia de las denuncias recibidas por abusos sexuales cometidos a principios de la década de los 80, cuando ejercía como profesor en el colegio Sant Ignasi de Sarrià, en Barcelona, han informado este lunes los Jesuitas en un comunicado.

Siguiendo las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, impone un precepto penal con esta serie de prohibiciones, cuya ejecución comienza este lunes y será revisada cada tres años, y el sacerdote tendrá que hacer llegar a las víctimas una petición escrita de perdón.

En caso de incumplimiento, el padre Pere Sala podría ser castigado con otras penas hasta la dimisión del estado clerical y de la Compañía de Jesús.

La resolución final y las medidas se comunicaron el viernes pasado al sacerdote y este lunes a las víctimas que presentaron la denuncia.

A principios de año, a consecuencia de la investigación iniciada por la red de escuelas de los Jesuitas, dos exalumnos del Sant Ignasi de Sarrià se pusieron en contacto para denunciar que habían sido víctimas de abusos por parte de este sacerdote.

Ante la gravedad de los hechos, se abrió un proceso canónico para investigar el caso y se impuso al sacerdote medidas cautelares como su reclusión en una comunidad, la prohibición de contacto con menores y la prohibición de realizar actividad pastoral y sacramental.

A lo largo del proceso no se ha recibido ninguna denuncia más contra este sacerdote, y el informe de la investigación se envió a la Curia General de la Compañía de Jesús el 24 de abril.

Los jesuitas han recordado que en el derecho canónico, los delitos de abusos a menores cometidos por clérigos prescriben a los 20 años desde que la víctima llega a la mayoría de edad, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe, en atención a la gravedad de los hechos, puede decidir en cada caso levantar la prescripción, como ha pasado en este caso.