El Consejo de Europa advierte a España de las puertas giratorias políticas y de la corrupción policial

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) ha reclamado a España medidas para evitar las puertas giratorias de políticos que marchan a grandes empresas y la corrupción interna en la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Según GRECO, el caso que se investiga en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo demuestra que los mecanismos no funcionaron cuando entraron en juego los "intereses partidistas".

En el informe de evaluación que se ha publicado este miércoles (informe en inglés) reconoce a progreso que ha hecho España en la implementación de sus recomendaciones sobre la prevención de la corrupción con respecto a parlamentarios, jueces y fiscales, pero insta a desarrollar una estrategia integral contra este fenómeno, así como mejorar su marco legal para prevenirla en las principales funciones y leyes gubernamentales.

Ya en junio, el GRECO, en su sesión plenaria celebrada en Estrasburgo entre el 17 y el 21 de dicho mes, aprobó el informe de evaluación de esta quinta ronda, en la que se analizaron las medidas destinadas a prevenir la corrupción y promover la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el que acordó sacar a España de la lista de países que aplicaban las exigencias de forma insatisfactoria.

Este grupo adscrito al Consejo de Europa lleva desde 2005 haciendo "rondas de evaluación" a 49 Estados para analizar la situación de los mismos con respecto a la lucha contra la corrupción y el cuarto examen, con fecha de diciembre de 2018, que hacía referencia a los parlamentarios, jueces y fiscales, situó a España entre los 14 países sujetos al procedimiento de incumplimiento.

Aún así, ya entonces se reconoció la aplicación de algunas de las recomendaciones como la idea de dotar de mayor autonomía y garantizar la independencia del Ministerio Público o la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para otorgar exclusividad a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se aprobó hace casi año.

En cuanto a la última evaluación -la quinta-, el GRECO explica que en España los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se constituyen con dos autoridades: la Guardia Civil y la Policía Nacional, y subraya que el Eurobarómetro de 2017 se refiere a ésta última como la institución en la que más se confía para denunciar la corrupción, seguida del sistema judicial.

Aún así, apunta que "podría hacerse más para prevenir la corrupción" en ella, haciendo alusión al conocido caso Villarejo, que se investiga en la Audiencia Nacional y sobre el que asegura que "ha suscitado preocupación nacional sobre la politización de la Policía" que se extiende a "los niveles más altos de la función pública en general".

Así, el Greco considera que es fundamental que se pongan en marcha medidas de control que lleven a cabo una evaluación estratégica de los riesgos existente en áreas y actividades proclives a la corrupción con el fin de contrarrestar comportamientos o prácticas indebidos, que, según indican, pueden ir desde un error por la falta de conocimiento a verdaderas prácticas corruptas.

Por otro lado, el grupo de expertos insta a España a tener un "enfoque más transparente" en diversos ámbitos relativos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como el acceso, los traslados, las evaluaciones, el destino del personal, así como en la asignación de primas, medallas y otras prestaciones para "infundir mayor confianza" a los agentes. Por ello, recomienda "justificar las decisiones tomadas en materia de personal de manera más abierta y objetiva".

El informe apostilla que la "persistencia de este sistema" que cuenta con 170 de antigüedad de la Guardia Civil es "claramente contrario al principio de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a la hora de acceder al servicio público y presenta riesgos significativos de amiguismo y nepotismo".

Asimismo, también reclama "más transparencia, objetividad y garantías de equidad" en relación con los procedimientos disciplinarios, especialmente, excluyendo cualquier posibilidad de que un supervisor decida sobre estas cuestiones por sí solo.

RECOMENDACIONES

El Greco confía que esta serie de sugerencias que se incluyen en el informe sirvan de "hoja de ruta" para reformar los ámbitos que contempla que pueden verse afectados por la corrupción y hace hincapié en que podrían ponerse en marcha tras las elecciones generales del 28 de abril de este año, sin tener conocimiento entonces de la repetición electoral del pasado domingo.

Pese a que en la pasada evaluación el grupo adscrito al Consejo de Europa 'aprobó' a España, en este quinto examen, el grupo del Consejo afirma que hay "un esfuerzo notable" para modernizar la política de prevención de la corrupción para los altos cargos.

No obstante, entiende que "queda trabajo por hacer en el control de su aplicación práctica, en particular en lo que se refiere a su régimen de asesoramiento, supervisión y ejecución", pues ve que en las denominadas "puertas giratorias" aún no se ha dado la suficiente "intervención" en la legislación.

En un informe sobre la implementación de recomendaciones que ha llevado a cabo España, que se ha adjuntado al publicado este miércoles, se recuerda que la "confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es baja" y que, en su día, la corrupción llegó a ser "una de las preocupaciones más apremiantes para la sociedad, solo superada por el desempleo".

En esta línea, subraya que muchos de los casos de corrupción se han llevado ante los tribunales en los últimos años y que incluso una sentencia -sin mencionar que se trata de la que dictó la Audiencia Nacional en mayo de 2018 por los primeros años de la trama Gürtel- motivó la primera moción de censura de la democracia española, que destituyó al Gobierno de Mariano Rajoy.