jueves, 12 de diciembre de 2019

​Tsipras en la Moncloa

Lluís Rabell
Traductor, activista y político

Si llega a superar las dificultades para concitar una mayoría parlamentaria y, finalmente, llega a conformarse el gobierno de coalición PSOE-UP en ciernes, no se abrirá ante él un camino de rosas. Espoleada por una extrema derecha crecida, no es previsible que la derecha juegue la carta de la responsabilidad, sino la de una oposición virulenta. Tampoco lo pondrán fácil los sectores del independentismo catalán instalados, como Puigdemont, en la idea de que sus intereses prosperarían desestabilizando al gobierno de España.


Y es que se vislumbra muy estrecha la senda por la que el gobierno de izquierdas deberá transitar. “La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado de bienestar sólido y duradero, reza el punto 10 del preacuerdo suscrito por Sánchez e Iglesias. El gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”. Pues bien, antes de constituirse su gobierno, España recibe ya un dictamen de opinión de Bruselas que alerta del “riesgo de desviación significativa” del plan presupuestario para 2020. Hay que dar prioridad, dice la Comisión Europea, a la reducción de la deuda pública y son necesarias “medidas adicionales” para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.


No pocas voces autorizadas – empezando por la anunciada vicepresidenta económica, Nadia Calviño – tratan de conjurar una nueva recesión negando que haya atisbo de la misma. Lo cierto es que, a pesar de crecer por encima de la media europea, la economía española da señales de enfriamiento. Y que las exportaciones se han beneficiado de unos entornos que pueden cambiar bruscamente. Un Brexit de desenlace aún en suspenso, tensiones comerciales, crisis regionales… Son muchas las incertidumbres en una economía-mundo cuyas convulsiones financieras provocan ondas expansivas especialmente temibles para países con modelos productivos de escaso valor añadido y estados sociales debilitados.


Las cifras de creación de empleo en España no pueden ocultar la precariedad contractual -amplificada por las reformas laborales-, las brechas salariales o las bolsas de pobreza. Las heridas de la crisis anterior siguen abiertas. El acuerdo suscrito por las izquierdas afirma la voluntad de revertir sus efectos, al tiempo que pretende encarar los retos de la nueva economía digital y de la insoslayable transición ecológica. Pero, ¿cómo incrementar el gasto público cuando Bruselas está reclamando ajustes estructurales por valor de 9.617 millones de euros? ¿Hasta qué punto logrará el nuevo gobierno mejorar significativamente los ingresos tributarios? No habrá avances en justicia social y medioambiental sin unos impuestos más progresivos. Pero sacar adelante los presupuestos requerirá complejos equilibrios en el Congreso, sometido como estará al fuego incesante de la derecha fiscal. Y habrá que ver también hasta qué punto Europa sostiene esfuerzos como el de intentar gravar a las grandes corporaciones allí donde obtienen sus beneficios.


El PSOE aún recuerda la dolorosa reforma del artículo 135 de la Constitución con que fue conminado a probar su lealtad a la UE. La socialdemocracia está aleccionada sobre lo difícil que resulta mantener las políticas sociales en circunstancias adversas. Pero está profundamente convencida de que no hay espacio de progreso al margen de Europa, ni contra ella. Para la izquierda alternativa se trata de un cambio cultural. O, si se quiere, de una maduración acelerada. La correlación de fuerzas entre las clases sociales existe. No hay asalto a los cielos en perspectiva. Lo que está a la orden del día – ¡y no es poco! - es atenuar las desigualdades, ayudar a los sindicatos a recuperar márgenes de negociación, proteger servicios públicos y pensiones… La moto de Varoufakis ruge a lo lejos. Pero en la Moncloa el modelo a seguir es Tsipras. El conflicto catalán será la Macedonia del gobierno progresista.

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