Ángel Simón: "El sentimiento que nos ha dado la sentencia del Supremo es el de seguridad jurídica"
El presidente de Agbar y vicepresidente ejecutivo de Suez, Ángel Simón, ha afirmado este lunes que le preocupa "el desprecio de las normas y el cuestionamiento de la seguridad jurídica" cuando éstas no encajan a gobernantes que, según él, confunden el interés político con el interés público.
Lo ha dicho durante su conferencia 'Un futuro sin agua?' en el Círculo Financiero de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (Sebap) a la que han asistido el presidente de CaixaBank, Jordi Gual; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el expresidente de la CEOE Juan Rosell, y el presidente del Collegi d'Economistes de Catalunya, Anton Gasol, entre otros.
"Esto último lo hemos vivido especialmente en Agbar estos últimos tiempos. Ha hecho falta que el Tribunal Supremo deje claro lo que todos sabíamos: que Aigües de Barcelona es el concesionario del AMB y que la empresa mixta con participación de la administración metropolitana está bien constituida hasta el año 2047", ha defendido.
Simón ha celebrado la sentencia del Supremo, que avaló la semana pasada la sociedad mixta Aigües de Barcelona constituida en 2012 por Agbar y el AMB: "El sentimiento que nos ha dado esta sentencia es el de seguridad jurídica".
Para él, la seguridad jurídica significa que los acuerdos que la administración toma son válidos y que los defiende ante quienes los atacan, y ha lamentado que en todo este tiempo se hayan destinado esfuerzos a un proceso largo para concluirse algo que ya sabían: "Que Aigües de Barcelona es el concesionario del Área Metropolitana de Barcelona".
También ha calificado la sentencia de éxito más allá de la seguridad jurídica, porque "valida el modelo de colaboración público-privada" y pone en valor los principios de Barcelona.
"La sentencia debería ser el paso para poder hacer las biofactorías, y, si tuviéramos un regulador razonable que entendiera el modelo y participara en él y quisiera lo mejor para la ciudad, no tengo ninguna duda de que tiraríamos esto hacia delante", ha añadido.
El presidente de la Junta Directiva de Amics del País, Miquel Roca Junyent, ha sostenido, en la misma línea que Simón, que el fallo del Tribunal Supremo no lo ha ganado el presidente de Agbar, sino "la ciudad, el AMB y la seguridad jurídica".
LAS EMPRESAS DEBEN ESTABLECER UN CONTRATO SOCIAL CON LOS CIUDADANOS
“Las empresas deben establecer un contrato social con los ciudadanos, poniendo a las personas en el centro de su actividad”, ha afirmado Ángel Simón, presidente de Agbar y vicepresidente ejecutivo de SUEZ en el Círculo Financiero de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.
“Se trata de instaurar una fórmula que garantice un marco estable para las próximas décadas, otorgando a la ciudadanía la seguridad y la confianza en la mejor gestión de un bien de primera necesidad y cada vez más escaso como es el agua”.
En el transcurso de la conferencia Simón ha subrayado que este contrato social implica un contrato inamovible con los ciudadanos. “Ya no se trata solo —ha dicho— de apostar por un modelo de empresa de partenariado público-privado, sino por uno que incluya también a las personas. Desde el sector del agua nos esforzamos por cumplir este contrato social para que nadie se quede atrás”.
Asimismo, ha puesto de relieve que “una empresa debe ser capaz de generar confianza y esto
solo lo puede hacer desde la defensa de unos valores que conecten con el momento actual de
la sociedad”. Como ejemplo de ello, ha destacado la creación del Fondo de Solidaridad, con el
que la compañía es pionera desde 2012, antes de que se legislara al respecto. “En el caso de
Aigües de Barcelona, podemos decir que a finales de 2019 se habrán destinado prácticamente
15 millones de euros y se habrá ayudado a cerca de 35.000 familias (34.695 familias). Además,
nunca hemos cortado el agua a nadie que no la pueda pagar”.
En el mismo sentido, ha detallado los 68 proyectos que la Fundación Agbar mantiene con
entidades sociales, centrados en luchar contra la pobreza, fomentar el empleo para colectivos
en riesgo de exclusión social y garantizar las mismas oportunidades educativas para todo el
mundo. Unos proyectos de los cuales, a día de hoy, se benefician unas 21.000 personas
atendidas por estas entidades sociales.
“Este contrato social con los ciudadanos no debe ser bilateral, sino una acción conjunta de todos: administraciones, empresas y sociedad civil”.
LA GOBERNANZA DEL AGUA EN EL MODELO PÚBLICO-PRIVADO
En su intervención, Ángel Simón ha destacado la necesidad de tomar conciencia de que el agua,
un recurso esencial, es también un recurso finito y cada vez más escaso. En ese sentido, ha
recalcado que hay motivos suficientes para trabajar con el objetivo de asegurarnos de que no
lleguemos a un escenario futuro sin agua. “Nuestra propuesta va en sintonía con la
sostenibilidad y, en consecuencia, hacia el cambio de paradigma: avanzar hacia una economía
circular es una cuestión prioritaria”.
En este sentido, ha propuesto la reutilización del agua como solución para garantizar su
disponibilidad. Es decir, que una vez usada el agua, no se devuelva al medio, sino que sea tratada
para volver a ser reutilizada. “Así —ha concluido—, mejoraríamos considerablemente la garantía de suministro y disminuiríamos de forma significativa el impacto de la sequía, una realidad que afecta a nuestro país, en zona de estrés hídrico, de manera cíclica”.
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