jueves, 20 de febrero de 2020

El Govern pide a las empresas que paguen la deuda de pobreza energética hasta alcanzar un acuerdo

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Govern, administraciones y entidades sociales han propuesto a las empresas suministradoras de luz y gas asumir el pago de toda la deuda acumulada de las familias en situación de pobreza energética en Catalunya hasta el momento en que firmen un acuerdo con las instituciones sobre este pago en el futuro.


Reuniu00f3n sobre la pobreza energu00e9tica con Govern, administraciones y entidades



El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha anunciado esta propuesta conjunta de las administraciones este miércoles en rueda de prensa después de reunirse con entidades sociales, en un encuentro presidido por el líder de la Generalitat, Quim Torra.


Cuando se llegue a un acuerdo con las suministradoras -con las que llevan meses reuniéndose para alcanzarlo- la propuesta es que la factura de las familias vulnerables se reparta en como mínimo el 60% para las empresas y como máximo el 40% para la administración, cifra que a su vez se desglosará en el 50% pagado por la Generalitat y el 50% restante por ayuntamientos y entidades supramunicipales, para lo que el Govern creará un Fondo de Atención Solidaria.


El conseller ha dicho que se trata de una paso importante y que ha sido consensuado por administraciones y entidades, ha subrayado que ahora se trasladará a las compañías, y ha apelado a su responsabilidad después de que en 2017 "no quisieran" firmar un acuerdo.


El Homrani ha remarcado que esta propuesta de acuerdo es una "buena oportunidad" y que se dan las condiciones para un convenio con mecanismos potentes para cumplir la ley 24/2015 de pobreza energética y emergencia habitacional, y ha enfatizado que busca la defensa de las personas vulnerables y sus derechos energéticos.


Ha recordado que en verano los entes locales recibieron una carta de las suministradoras que "no era razonable ni razonada de aquellos que no han querido cumplir una ley del Parlament" y fue el detonante que propició las reuniones de las administraciones para alcanzar una propuesta de acuerdo, y ha señalado que no se han marcado un calendario para su firma, pero que es prioritario y quiere que se haga cuanto antes mejor.


La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez, ha subrayado que las suministradoras tienen la opción de firmar el convenio "hoy mismo", y ha considerado que con él se exige corresponsabilidad del sector privado.


Pérez ha remarcado que la propuesta incluye el espíritu del grupo promotor de la ley, ha advertido de que no aceptarán "ninguna rebaja" del planteamiento, y ha señalado que en la carta recibida por el consistorio en agosto establecía que 3.790 familias vulnerables de Barcelona debían 2,9 millones a Endesa.


Lluïsa Moret, de la Diputación de Barcelona, ha resaltado el "frente común" de administraciones y entidades para preservar los derechos de las familias vulnerables y de los ayuntamientos, y ha abogado por mantener la mesa, extremo en el que también ha coincidido El Homrani.


La Generalitat constituirá un órgano gestor que centralizará la comunicación con las empresas suministradoras y que determinará, coordinará y cogestionará las ayudas para las personas acreditadas como vulnerables.


El acuerdo propuesto contempla que, además de la financiación del 60% del Fondo de Atención Solidaria, las compañías aportarán una cantidad adicional en concepto de costes asociados a la gestión, información, atención directa y formación, equivalente al 50% de los costes asociados, que también se destinará al fondo.


También propone que las compañías se comprometan a realizar una promoción activa del bono social y una adaptación de éste a la situación económica de Catalunya, indexándolo en el Indicador de renta de suficiencia (IRSC), también con la consiguiente reducción y optimización de la potencia de consumo.


Por otra parte, la Generalitat y las administraciones locales también firmarán un acuerdo para el establecimiento de medidas de abordaje integral de la gestión de la pobreza energética.

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