viernes, 30 de octubre de 2020

Ante el próximo pacto de Gobierno, o no...

Javier Marín
Coordinador de Rojos Cataluña y Copresidente de Rojos España

Antes de efectuar un análisis más detallado sobre los hechos, destaparé mis gustos personales, siempre subjetivos, por supuesto, ya que vienen marcados, como no puede ser de otra forma, por la ideología en la que creo y milito desde hace 50 años, el socialismo.


Pedro sanchez pablo iglesias


Me parece coherente que se haga una coalición de gobierno con UP. Provienen de una ideología progresista, con marcado acento en lo social, en lo que los clásicos llaman la democracia económica, los derechos reales, los que tienen la misión de garantizar la calidad de vida y el progreso social de la clase mayoritaria, la más desfavorecida, los trabajadores.


Como toda organización de izquierdas joven -acaban de cumplir 6 añitos- les falta la madurez, sensatez y cordura que da la experiencia de vida y la experiencia de gobierno. Padecen lo que conocemos y alguno hemos sufrido en carne propia, como “la enfermedad infantil del socialismo” pero eso solo se cura con los años, afortunadamente.


Mientras tanto tendremos que aguantar sus bandazos sobre el inexistente  dret a decidir”, antes conocido como  “el derecho a la autodeterminación de los pueblos de España”,              radicalmente contrario a la ortodoxia internacionalista de la izquierda mundial, que plantea justo todo lo contrario a la división; nuestra consigna universal siempre ha sido: “trabajadores, pueblos y naciones del mundo, ¡¡UNÍOS!!“ por qué en clara lógica del sistema social imperante, que tiende a la monopolización del capital y del mercado; los socialistas propiciamos la unión para ser más fuertes y combatir sus excesos. Al fin y al cabo, el propio PSOE ya cometió ese mismo error en sus declaraciones programáticas de 1978; y el PSC en 2011-2014.


No me gusta nada el pacto con ERC. Me parece de una incoherencia gravísima, que este nuevo gobierno le deba nada, o tenga que depender de una abstención negociada con delincuentes condenados por sentencia firme, por haber intentado romper las leyes supremas que rigen nuestra convivencia y de las que nos hemos dotado de forma voluntaria y democrática. 


Delincuentes que han reconocido su delito en sede judicial con audiencia pública, del que manifiestan sentirse orgullosos, y del que ya nos anuncian, que en cuanto les demos otra oportunidad lo volverán a hacer (ho tornarem a fer).


Lo que tocaba, en justa aplicación del derecho y de nuestras normas de convivencia cívica, era acabarlos de derrotar políticamente, ejemplificar, poniendo en valor la condena judicial para evitar que ese quebrantamiento constitucional se vuelva a producir nunca.


Dándoles audiencia, notoriedad, e incluso la llave para que con su abstención negociada decidan si España tiene o no gobierno; se les está dando oxígeno; se les está reconociendo como actores políticos principales en una España que ellos tienen como fin político y único romper. Se les está alentando para que lo vuelvan a intentar. Y eso srs dirigentes del PSOE el refranero popular lo resume muy bien con esta frase: “Es pan para hoy y hambre para mañana”.      Y cuando llegue ese mañana y vuelvan a intentar fracturarnos, cosa que por otra parte nunca conseguirán, el PSOE se derrumbará en las urnas.


Pero vayamos a lo objetivable a los 2 documentos firmados.


En el documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se hacen una serie de declaración de buenas intenciones, que orientan la política social y que posteriormente deberán concretarse en leyes que las desarrollen. Son 24 puntos con los que me identifico plenamente.


El acuerdo suscrito entre PSOE y ERC es de una floritura semántica expresamente inconcreta de la que no podemos predecir con certeza, hoy, si incumple o viola el marco legal, hasta que no lo desarrollen.


El texto literal dice:


Ø …/... Por todo ello, conforme a los principios de lealtad institucional y bilateralidad que rigen el marco político de relación entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya, acordamos lo siguiente:


1. El reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo.

Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya. Como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo.


2. Creación de una MESA BILATERAL DE DIÁLOGO, NEGOCIACIÓN Y ACUERDO PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO POLÍTICO.


Por ello, adoptamos el compromiso de crear una Mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos, que partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático. Esta Mesa como instrumento político se sustenta en los siguientes principios:


a) Composición: el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya. Se establecerán las delegaciones de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan.

b) Contenido: diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas. Todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta.

c) Calendario transparente: la Mesa iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación de Gobierno de España y establecerá plazos concretos

d) Seguimiento y garantías de cumplimiento: la Mesa establecerá mecanismos para garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos.


3. En este espacio deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana. En este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos.


Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político.


Esta Mesa se coordinará con otros espacios de diálogo institucionales y parlamentarios ya existentes, que deberán potenciarse. Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Catalunya y la Taula de Partits existente en el Parlamento de Catalunya.


1ª duda razonable: Si el Govern Torra acaba de desautorizar ese acuerdo, ¿con quién se va a reunir el Gobierno de España?


El punto 2 queda en el aire, mientras no se despeje la duda de quién es el interlocutor por parte del Govern de la Generalitat


El punto 3 es el que ha suscitado mayores críticas por parte de sectores constitucionalistas, que han dado por supuesto algo que podría presumirse,  (un referéndum de autodeterminación) pero que el literal del texto no afirma:


"los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político", "los mecanismos previstos" son la Constitución y L’Estatut. No hay otros.


Si “el acuerdo alcanzado” fuese una modificación de l’Estatut del 2006, lógicamente llevaría aparejada una votación expresa de ese nuevo Estatut, en el que sólo votaría el cuerpo electoral de Cataluña; y que como todos ya sabemos, al ser una norma de rango inferior a la Constitución Española, no puede contravenirla; y si lo hiciere, para eso está el Tribunal Constitucional. 


En resumen, me parece un acuerdo sobre papel mojado, una excusa que efectivamente sí sirve para que ERC se separe de JxC y probablemente para que rompan su pacto de Govern y Torra convoque nuevas elecciones, antes de que se las convoquen.

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