Los vocales del Poder Judicial contrarios a Delgado cuestionan la imparcialidad de la exministra

 

Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que discrepan del aval dado por este órgano a la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado para que sea designada fiscal general del Estado cuestionan su imagen de autonomía e imparcialidad ante la ciudadanía, por ser propuesta para el cargo inmediatamente después de cesar de ambos cargos.

Así lo señalan en el voto particular en el que argumentan que la candidata del Ejecutivo de Sánchez "no es idónea para desempeñar" la jefatura del Ministerio Público. Según este documento,  la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal puede resumirse en el antiguo proverbio inglés "no basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia".

Los vocales designados a propuesta del PP que han votado en contra de la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, son Nuria Díaz -que es la que ha anunciado el voto particular a la que se adhieren los demás- José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristàn, Juan Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

A favor votaron los vocales del sector progresista, que incluye a los designados por el PSOE y el del PNV, a los que se han sumado los conservadores Maru Carmona, y Rafael Fernández Valverde.

Para los discrepantes, la apariencia de imparcialidad y la percepción que de ella debe proyectarse a la sociedad "queda comprometida por las circunstancias que concurren en la candidata propuesta, que crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Institución, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

Los vocales firmantes no cuestionan el cumplimiento por Delgado de los requisitos formales para optar al puesto, esto es, ser "ciudadana española, jurista que ha desempeñado sus funciones durante más de quince años", omitiendo en este punto del escrito el calificativo "de reconocido prestigio" que señala la Ley.

No obstante, insisten en que su propuesta de nombramiento, inmediatamente de ser cesada como ministra, supone un "serio impedimento" para garantizar ante la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse a un fiscal general.

Añaden que por ser diputada ha participado en actos públicos de carácter político, un dato que curiosamente no ha sido reflejado en el 'curriculum vitae' remitido por el Consejo de Ministros al órgano de gobierno de los jueces.

Todo ello, concluyen, da una imagen de "vinculación con el poder ejecutivo" de Delgado que no contribuye a la percepción de independencia de la Fiscalía a la vez que las funciones constitucionales que deberá cumplir en el cargo "estén expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en sus decisiones".

A ello se añade la dificultad que pueda plantear el hecho de tenga que abstenerse de participar en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento durante su etapa como ministra de Justicia.