​Rechazan la nueva norma catalana contra fraude sanitario por "racista" y "discriminatoria"

Marea Blanca Catalunya ha rechazado la nueva norma catalana contra fraude en el sector sanitario por parte de los usuarios porque considera que es "racista" y "genera desigualdades y discriminaciones".

"Probablemente, señalar a las personas como defraudadoras del sistema (sin que lo sean) para endurecer los requisitos de acceso a la sanidad pública sí que es un fraude de ley, un fraude a la democracia y un fraude social y económico", señala en un comunicado la plataforma en defensa de la sanidad pública.

Marea Blanca hace referencia a la reciente Instrucción 05/2019 en vigor desde noviembre de 2019 denominada 'Actuaciones para evitar el fraude de ley en el acceso a la asistencia sanitaria con cargo al CatSalut y para resarcir gastos de asistencia sanitaria en caso de fraude de ley, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público'. El CatSalut también ha redactado un 'Proyecto de decreto por el cual se despliega la Ley 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del Servei Català de la Salut'.

La plataforma sanitaria considera que la instrucción y el reglamento de esta normativa suponen "una escabechina" contra el sistema de sanidad universal. Argumenta que la Ley 9/27 aprobada en el Parlament considera que las personas que acrediten su arraigo en Catalunya tienen derecho a recibir asistencia sanitaria. En cambio, ahora, el reglamento dificulta a personas que no tienen padrón el acceso a las urgencias sanitarias.

En este sentido, Marea Blanca subraya que son los ayuntamientos quienes deben facilitar el padrón a todas las personas que vivan en su población, tengan o no vivienda estable, y cree que la Generalitat invadiría competencias cuando "en la Instrucción, intentan regular el 'empadronamiento en fraude de ley', cuando esta competencia la tienen los ayuntamientos".

¿QUÉ CONSIDERA LA INSTRUCCÓN FRAUDE DE LEY?

Marea Blanca critica que la Instrucción considere fraude de ley casos como que la persona haya viajado en los últimos tres meses del país de origen a Catalunya, o que la persona sufriera con anterioridad la enfermedad que ha comportado la atención. También figura como caso de fraude sanitario que la persona no haya acreditado ser titular de ningún contrato de trabajo, contrato de suministro (agua, gas, electricidad...), contrato de alquiler u otro documento idóneo para acreditar el carácter de residencia habitual en España con anterioridad a la fecha de empadronamiento.

Por ello, la plataforma en defensa de la sanidad pública considera que la nueva normativa de la Conselleria de Salud "agudiza aún más la dificultad de acceso a la sanidad pública". "El reglamento hace un gran recorte y deja a los niños y jóvenes, hijos e hijas de migrantes fuera de toda cobertura sanitaria, excepto que estén acogidos en centros tutelares". "Las mujeres embarazadas migrantes también tienen que certificar su insuficiencia económica para ser atendidas en la sanidad pública y sólo las atenderían en cuestiones relativas a su estado", añade el comunicado.

Agrega que "difundir la idea de que las personas más vulnerables, personas migrantes enfermas y/o aquellas con mayores necesidades cometen fraude de ley, abusan y sobreutilizan los servicios es profundamente falso y racista, a la vez que genera desigualdades y discriminaciones".