Los expresidentes Aznar y Rajoy declararán como testigos en el juicio por la presunta la caja 'b' del PP

Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy declararán como testigos en el juicio que próximamente celebrará la Audiencia Nacional por el presunto pago con dinero de la caja 'b' de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid al aceptar la petición realizada por las acusaciones populares Izquierda Unida y la Asociación Abogados Demócratas por Europa (Adade).

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu Merelles y María Fernanda García Pérez pide a las acusaciones, en su auto de admisión de prueba, que faciliten los datos necesarios para poder proceder a la citación de los expresidentes para poder proceder a su citación. Fuentes jurídicas han apuntado que estas testificales han sido admitidas por la Sala.

En el caso de Aznar --cuya comparecencia sólo pide Adade-- será la primera vez que comparezca en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los 'populares'. Fue durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP, cuando aseguró que "no existe ninguna caja b" en su partido y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

Quienes sí han testificado ya sobre esto en la Audiencia Nacional fueron alguno de sus ministros, como Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato y Ángel Acebes, quienes declararon en el juicio por la primera época de la trama Gürtel que no sabían cómo se financiaba el PP, pues era, según ellos, un tema de la tesorería, que entonces llevaba el Álvaro Lapuerta, cuya responsabilidad en este caso ha quedado extinguida tras su fallecimiento.

Todos ellos volverán a la Audiencia Nacional para declarar por el pago de la reforma de la sede de los 'populares'. También lo hará la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal; el expresidente del Senado Pío García Escudero; empresarios que figuran como donantes en los 'papeles de Bárcenas', alguno de ellos condenado por alguna otra pieza de la Gürtel; el 'número dos' de la trama y exsecretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo; o el expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero.

LA SEGUNDA VEZ DE RAJOY ANTE UN TRIBUNAL

En cuanto a Rajoy, su testifical ha sido interesada por ambas acusaciones populares. Precisamente fue Adade quien consiguió que este expresidente del Gobierno compareciera ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los primeros años de actividades de la trama Gürtel, que condenó al PP como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja 'B' del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política --que fue condenada como partícipe a título lucrativo--, lo que provocó la moción de censura contra el Gobierno de Rajoy.

Por el presunto pago en negro de la reforma del edificio situado en la calle Génova 13 de Madrid están acusados el extesorero del PP Luis Bárcenas; el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero. Además, consideró que el partido debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido.

Por otro lado, aparte de esta pieza que va a ser juzgada existe otra sobre las donaciones que recibió el partido y que aparecen anotadas en los documentos manuscritos de Bárcenas. Una investigación que fue reabierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción, José de la Mata, en marzo de 2017 para seguir indagando sobre la presunta financiación irregular del PP, después de que el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, revelara en el juicio por la primera época de actividades de la red corrupta que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones.