El síndic de Greuges dice al juez que no sabía quién pagó el viaje a la final de Champions

Ribó ha comparecido a petición propia en el marco del conocido como caso del 3% sobre presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya.

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Rafael ribo sindic greuges 08102018

 

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha sido citado este martes en calidad de investigado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el viaje que presuntamente le pagó un empresario para acudir a la final de la Champions en Berlín en el año 2015.


Síndic de Greuges Rafael Ribó (imagen de archivo)



Ribó ha comparecido a petición propia en el marco del conocido como caso del 3% sobre presunta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya (CDC), en su caso por el viaje del que supuestamente se habría beneficiado junto a su familia y que le habría pagado el empresario Jordi Soler.


El síndic ha reiterado este martes ante el juez que no sabía quién pagó el viaje a la final de Champions que el FC Barcelona jugó en Berlín en 2015 hasta que ha tenido conocimiento de las actuaciones judiciales al respecto y que las adjudicaciones al empresario que fletó el avión, Jordi Soler, no fueron contraprestaciones por ello porque, entre otras cosas, la institución que dirige no hace contratos públicos, ya que éstos dependen de la Generalitat.


Según han informado fuentes jurídicas, así lo ha remarcado varias veces Ribó a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y de su defensa durante su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga el conocido como caso del 3%.


Ribó, que ha comparecido durante unos 45 minutos, ha explicado que en 2009, tras otro partido del Barça en Champions, se encontró con el que fuera diputado de Convergència Ramón Camp y el propio Soler y que regresó con ellos a Barcelona, pero que entonces tampoco supo que el empresario corría con los gastos de ese vuelo. Después de eso, en una cena que organizó él, coincidió de nuevo con Soler, aunque ha afirmado que no sabía a qué se dedicaba éste exactamente.


En cuanto al viaje de 2015, que es el que se investiga en esta causa, Ribó ha asegurado que fue él quien compró tres entradas para la final de Champions -una para su mujer, otra para su hija y otra para él-, y para demostrarlo ha dicho que va a aportar los recibos del Barça y de la entidad financiera a través de la cual abonó el importe.


Según ha indicado, fue Camp el que le comentó que en el avión en el que iba a ir él a la final había varios sitios libres y que Ribó se ofreció a pagar las furgonetas para desplazarse desde el aeropuerto de Berlín hasta el estadio, si bien el 'convergente' le contestó que no era necesario. 


Además, ha dicho que en un correo electrónico posterior al viaje que envió a Camp, también le sugirió hacerse cargo de algunos gastos del viaje, aunque no ha explicado qué respuesta obtuvo a cambio.


Según la investigación, las mercantiles Electromecánica Soler, Grup Soler Constructora y Soler Global Service afrontaron los 39.900 euros que costó el alquiler del avión y la furgoneta para los desplazamientos en Berlín durante aquel viaje.


Ante las preguntas del fiscal acerca de quién pensaba que corría con todos esos gastos, el síndic se ha limitado a señalar que suponía que lo habían sufragado entre todos -viajaron 14 personas en el avión- porque era un grupo de amigos "culés".


Otras fuentes consultadas han subrayado que Ribó ha insistido varias veces durante la declaración en que él es "culé" y ha llegado a decir que el entonces entrenador del Barça, Pep Guardiola, es un mito en Catalunya.


Sobre las contrataciones posteriores a las empresas de Soler, ha negado que fueran una contraprestación por la invitación al viaje a Berlín. De hecho, ha querido dejar claro que la institución del Síndic de Greuges no es la que hace las adjudicaciones públicas, sino que de eso se encarga la Generalitat.


No obstante, ha recalcado, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, que el Síndic de Greuges sí tramita las reclamaciones que se puedan presentar contra empresas privadas que prestan servicios públicos en Catalunya.

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