​Vox y PP intentarán tumbar  el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado

Vox, ultima el recurso para presentarlo en el Supremo lo antes posible y el PP estudia si sumarse a esta iniciativa de impugnar la decisión del Consejo de Ministros y se hará ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Con esta acción lo que está en duda no son los 15 años de jurista de reconocido prestigio de Delgado, sino la apariencia de “independencia” de la fiscal porque “no es tan clara” después de los cargos que ha desempeñado en el último año.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige para el cargo de fiscal general del Estado la “imparcialidad”, una característica que los miembros de Vox y PP no creen que tenga por el hecho de haber sido Ministra de Justicia hasta enero en el anterior Gobierno y diputada en el Congreso por el PSOE.

EXISTE UN PRECEDENTE DE 1994

El Pleno de la Sala Tercera del Supremo declaró ilegal en 1994 el nombramiento del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, al entender que los siete años que desempeñó el cargo de Delegado del Gobierno de Canarias no constituyeron un ejercicio efectivo de su profesión de jurista.

La impugnación la realizaron la Unión Judicial Independiente (UJI), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), no los partidos políticos. El Pleno de la Sala Tercera del Supremo estudió los recursos contra el nombramiento y se alcanzó el acuerdo de declarar ilegal esta designación, con algunos votos discrepantes.

Desde su designación, Delgado ha tenido que hacer frente a todo tipo de reproches no solo por su independencia sino también por sus relaciones con el comisario Villarejo, en prisión provisional.

Delgado en el Congreso trató de defenderse, haciendo un recorrido por su trayectoria profesional y pidiendo la confianza en el funcionamiento de la Fiscalía.  Delgado tendrá que mantenerse al margen de causas que le pueden afectar directamente como, precisamente, ‘el caso Villarejo’ o sobre las decisiones que ha tomado como ministra, como las relacionadas con “el procés”.