jueves, 22 de octubre de 2020

Detenidos por falsos rumores

José Molina Molina
Doctor en Economía y Sociólogo. Miembro de Economistas Frente a la Crisis y de Transparencia Internacional y expresidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia

No pasó por nuestros alrededores, sino en Wuhan. Y pienso que es un deber recordarlo para distinguir democracia y totalitarismo y hacer un reconocimiento a los protagonistas de esta historia. La historia de la gran catástrofe que estamos sufriendo comienza cuando el director del Departamento de Emergencias del Hospital Central de Wuhan, Ai Fen, y un grupo de médicos lanzan la alerta de un "coronavirus similar al SARS". Ocho de ellos, incluido el doctor Li Wenliang, quien murió días después a causa de la enfermedad, fueron detenidos el 3 de enero por la policía de Wuhan por difundir “falsos rumores”. Nos lo relata Reporteros Sin Fronteras, que ha recogido toda la información de este acontecimiento in situ, saltándose los controles político-policiales del sistema que gobierna China.


Un médico militar atiende a un paciente enfermo de coronavirus en la unidad de cuidados intensivos, en China, a 1 de febrero de 2020.


En otros países asiáticos, como Corea del Sur o Singapur, han utilizado un combativo sistema de control de todos los ciudadanos mediante geolocalización que por medio de los móviles puede ubicar a las personas. Con ello, más los miles de cámaras existentes en las vías públicas y una fortísima campaña de control de los que han dado positivo en los test, se ha monitoreado movimientos y riesgos de cada ciudadano. Se juega con los derechos de la ciudadanía antes y después.


Ahora bien: ¿se ha traspasado el límite del derecho a la intimidad? Es el gran interrogante que está por analizar. La tecnología actual permite segregar la información del peligro detectado de la persona que porta un virus, al igual que en las votaciones electrónicas se segrega el voto de la persona que lo ha emitido. Esta es la clave de todo: controlar las cajas negras de la seguridad y la integridad del proceso. En la actual situación, el control de los datos que pueden ayudar a evitar contagios y aislar a los positivos es lo que más preocupa a los quienes investigan estos procesos.


Pero está la defensa del derecho a la intimidad, que en Europa está muy bien definida con unas Directivas que configuran los derechos de los ciudadanos y ciudadanas con total claridad. Se trata de derechos democráticos que deben ser valorados en su contexto, porque la defensa del derecho a la intimidad de las personas tiene que reforzarse con el Derecho a Saber, el poder conocer todos los documentos públicos. Es algo que en la Unión Europea está regulado por una Directiva desde 2009 aunque España aún no lo haya ratificado y nuestra débil Ley de Transparencia sea solo un primer un paso titubeante en el avance del Derecho Fundamental a Saber.


La pregunta clave a raíz del informe de Reporteros sin Fronteras y el análisis de la Universidad de Southampton, es si se habría parado la pandemia en el caso de que las medidas adoptadas en China el 20 de enero lo hubieran sido dos semanas antes. Basándonos en lo ocurrido en los primeros días de la crisis, se pone de relieve que, sin el control y la censura impuestos por las autoridades, los Medios chinos habrían informado al público mucho antes de la gravedad de la epidemia, salvando cientos de miles de vidas y, posiblemente, evitando la pandemia actual.


Porque el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud, en asociación con el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, realizó un simulacro de pandemia de coronavirus el 18 de octubre de 2019 y alertó a la comunidad internacional sus resultados escalofriantes: 65 millones de muertes en 18 meses podría producir un virus si no se actúa y llega a convertirse en pandemia. Pero esas advertencias no fueron para nada atendidas por el sistema político y la policía china. Cabe pensar que, si el internet chino no estuviera estado aislado por una sofisticada censura electrónica y los Medios no hubieran estado sometidos a las instrucciones del Partido Comunista, el público y las autoridades se habrían interesado por la información procedente de Estados Unidos que se había hecho eco de la epidemia de SARS (Síndrome respiratorio agudo severo) de 2003, que infectó a 8.000 personas y causó 800 muertes principalmente en China.


El doctor Lu Xiaohong, jefe de gastroenterología del Hospital de la Ciudad de Wuhan, detecta el 25 de noviembre de 2019 que hay una infección que puede transmitirse entre humanos y que su virus no está controlado. En ese momento, sin la represión de los periodistas en China Lu Xiaohong, se hubiera alertado a la prensa y se podría haber tomado medidas eficientes. Pero el gobierno chino prefirió, como hemos dicho antes, detener por falsos rumores al doctor Ai Fen y su grupo de médicos cuando lanzaron la señal de alerta, empezando a actuar tarde.


Hasta el 31 de diciembre China no alertó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud, ocultando a los mil millones de usuarios de las redes chinas y sus medios de comunicación una información que ha resultado ser destructiva para la humanidad. Y todavía es más grave lo que añade Reporteros sin Fronteras: que el equipo del profesor Zhang Yongzhen logró secuenciar el virus en el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai el 5 de enero, pero las autoridades chinas lo silenciaron y hasta el 11 de enero no confirmaron su primera muerte por el virus. Los investigadores tuvieron que filtrar la información en plataformas de código abierto y las autoridades chinas les cerraron el laboratorio. Un inmenso error con una inmensa responsabilidad ante la humanidad, porque si hubiera funcionado un mínimo sistema de transparencia el Covid-19 hubiera sido un episodio controlado por la Medicina y el mundo no estaría padeciendo esta tragedia.


En España, el Boletín Oficial del Estado de 28 de marzo recoge una Orden para que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desarrolle una aplicación para móviles que permita a nuestras autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos para verificar que se encuentran en la Comunidad Autónoma en la que declaran estar. Al mismo tiempo, con permiso del usuario/a, se validará la Región en donde están para personalizarlas según los protocolos de cada una de ellas. Y sus datos se conservarán durante el tiempo que perdure la crisis sanitaria, pudiéndose usar anonimizados durante dos años con fines estadísticos. No se guardará información personal ni se podrá usar por la policía, cubriéndose todo el territorio nacional a través de los más de 40 millones de móviles en España.


En conclusión: las nuevas tecnologías salvarán vidas si son utilizadas para el Bien Común, con ética y con un control independiente. Debemos utilizarlas con inteligencia y transparencia para vivir mejor. Vivir en Transparencia en una sociedad no es una modernidad de la Ciencia Política sino un derecho que nos da vida, fortalece la democracia y hace más eficiente a las administraciones públicas. El que ahora autoricemos nuestra geolocalización es un test de ciudadanía, en el que hemos de lograr salvaguardar a la vez libertades y salud, aislamiento y solidaridad. Si lo conseguimos, este sacrificio nos reforzará como ciudadanía y mostrará nuestra capacidad para actuar con humanidad.

Sin comentarios

Escribe tu comentario




No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.



Más autores

Opinadores
Leer edición en: CATALÀ | ENGLISH