sábado, 31 de octubre de 2020

Un juzgado investiga el rechazo del Govern al hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca

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El Juzgado de Primera Instancia 5 de Martorell (Barcelona) investiga el rechazo del Govern a abrir el hospital de campaña de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), a raíz de la denuncia de un particular contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la consellera de Salud, Alba Vergés, por presunta comisión de un delito de homicidio por imprudencia grave.


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En un auto firmado el lunes, la jueza da dos días a la Conselleria de Salud para que explique quién ordenó instalar el hospital de campaña que montaron la Guardia Civil y el Ejército, así como quién denegó su apertura y por qué, según publica 'El Mundo'.



Además, pide al Hospital Sant Joan de Déu de Martorell que, también en un plazo de dos días, informe de "si durante los últimos quince días se han dejado de ingresar pacientes por falta de capacidad hospitalaria y, en su caso, dónde han resultado derivados".


El auto recoge las diligencias solicitadas por el demandante y por la Fiscalía, y también pide a la Comandancia de la Guardia Civil informar sobre la autorización para montar el hospital y la denegación para abrirlo, y al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca aclarar cuál ha sido su participación en el montaje del hospital temporal.


DECISIÓN "INJUSTIFICADA"

El denunciante considera "injustificada la falta de autorización" y cree que el motivo fue que lo habían montado efectivos de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y sustenta sus argumentos con enlaces, que el auto destaca que dirigen a un solo diario digital, Crónica Global, y a una sola cuenta de Twitter, un perfil personal.


También asegura que el Hospital de Martorell ha quedado saturado y no se ha atendido correctamente a los pacientes, que cree que hubieran tenido mejor atención con el hospital de campaña abierto y que hubiera "evitado su muerte, no habiéndose adoptado de forma consciente los medios necesarios por razones ideológicas".


La denuncia se presentó el miércoles 8 de abril, y el jueves 9 el Juzgado se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ya que ambos demandados son aforados, si bien la juez instructora puede continuar por ahora con la investigación hasta que se adopte una decisión.




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