jueves, 22 de octubre de 2020

La muerte civil

Pascual Ortuño
Magistrado de la Audiencia de Barcelona

El día que mi profesor de derecho civil explicó el concepto de muerte civil recibí un fuerte impacto emocional. Ahora lo he recordado por el abanico de diagnósticos que se nos ofrece para calificar el fin de la vida de tantas personas queridas. Se aplicaba el concepto de muerte civil a personas que seguían viviendo, pero que habían sido condenadas a la pena de muerte o a la cadena perpetua -entonces no revisable- o a personas que profesaban en órdenes religiosas que exigían clausura de por vida y el voto de pobreza.


La causa era exclusivamente de carácter económico. Como pasaban a estar apartadas de la sociedad, aisladas de por vida, ya dejaban de tener capacidad jurídica, lo que implicaba que su patrimonio pasaba a sus herederos o a las arcas públicas de la misma forma que si se tratara de la muerte natural. Estos días algunas personas se aventuran también en traer a colación argumentos economicistas: ahorro en las pensiones, en subvenciones a geriátricos, programación masiva de eutanasias involuntarias y otros dislates incalificables.


Pero lo que realmente me perturba el sueño es pensar en amigos, conocidos o gente anónima que están en las salas de los hospitales recibiendo cuidados paliativos en la fase terminal de sus vidas, pero sin vida propia, sin que ningún familiar pueda acompañarlos, sin poder sentir el calor de las personas que los quieren y que sienten la angustia de no poder acompañarlos en su tránsito hacia la otra vida. Cada vez admiro más al personal sanitario que intenta paliar ese estado de soledad definitiva de quien espera la muerte natural, pero todavía tiene su corazón latiendo.


Detenido mujer eutanasia


Al enfrentarme a la realidad que nos ofrecen las noticias, también reivindico el trabajo y la dedicación de las cuidadoras, celadores y personal de esos cientos de residencias, en todo el país, que llevan trabajando muchos años con sueldos de miseria y sin que nadie reconozca su trabajo. Hemos visto que algunos de estos centros carecen de las condiciones mínimas de salubridad y comodidad, con alarmante escasez de personal. Y surge una pregunta que golpea mi conciencia. ¿Ha tenido que venir la pandemia para que la sociedad sea consciente de lo que ha estado pasando? ¿Cuántos años, cuántos gobiernos han tolerado esta indignidad? ¿No se está condenando a muchas personas a una muerte civil?


Nuestra autocomplaciente sociedad avanzada del siglo XXI no ha elaborado los mecanismos sociales que sustituyan a los antiguos modelos de convivencia familiar. Antes, las personas mayores permanecían en sus casas o en las de sus descendientes o allegados, eran respetados y cuidados por sus hijos, hijas y nietos a los que transmitían los valores de la solidaridad intergeneracional que poco a poco se van diluyendo. También estaban, pero en una proporción muy inferior, los asilos para personas desvalidas donde confluían la virtud de la caridad social con la entrega de personas abnegadas al servicio de los demás.


Hoy aquel sistema se ha sustituido por una red de residencias geriátricas muy dispar, como la sociedad misma. La muerte nos iguala, pero la categoría de las residencias, no. Las hay de diversas clases, como los vagones de tren: las privadas son para las personas pudientes, que tienen todo el derecho a gastar su dinero como tengan por conveniente; hay otras, también excelentes, de gestión pública que son modélicas; y otras más modestas que son gestionadas por comunidades religiosas y caritativas que merecen nuestro aplauso. Pero se ha constatado la existencia de un número, tal vez excesivo, que queda pendiente de identificar y determinar en una necesaria auditoría post virus, que no reúnen las mínimas condiciones exigibles.


Desde luego, todo es cuestión de prioridades presupuestarias. Pero si algo debemos sacar en claro del impacto de la pandemia en los geriátricos (casi la mitad de los fallecidos) es que hay que planificar los mecanismos para que esto no vuelva a suceder; y que hay inversiones que deben hacerse para salvaguardar la dignidad de las personas, aun cuando no reporten beneficios a las arcas públicas.


La ley divide las competencias en estas materias, que siempre serán subsidiarias a los cuidados debidos por los propios familiares (para eso la ley sigue blindando las legítimas de los hijos), entre los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el Ministerio Fiscal que debe ejercer la superior vigilancia de todo centro geriátrico que albergue a personas que padecen limitación de sus capacidades intelectuales. También los jueces deben garantizar que los internamientos en estos centros se realicen con plena garantía del derecho a la libertad individual de cada persona.


A pesar del escándalo en los medios de comunicación, todavía no he visto que este tema sea prioritario en las propuestas de los partidos políticos para el gran pacto de reconstrucción del país. Hay que diseñar un modelo eficiente a nivel competencial, y dar solución a problemas importantes como los derivados de la evolución de los procesos degenerativos de las personas que no son capaces de ejercer sus derechos civiles. Ni siquiera pueden otorgar un testamento vital disponiendo su voluntad para que se les garantice una muerte digna.


Los efectos de la pandemia se han cebado con suma crueldad en estas personas. Muchas de ellas ya estaban hace tiempo en el limbo, que yo llamaría para vergüenza nuestra, de muerte incivil.

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