​Crece la tensión entre los líderes de la UE por los paraísos fiscales internos

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La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que está a punto de celebrar la Unión Europea llega marcada no solo por las enormes diferencias entre el norte y el sur por las ayudas a la recuperación de la crisis generada por la pandemia. Uno de los temas que flota en el ambiente y que puede enrarecer el resultado final es la existencia en el seno de la UE de paraísos fiscales que afectan a los ingresos de algunos socios.


Angela Merkel, Pedro Sánchez y Mark Rutte


Nadie discute la existencia en Europa de un grupo de países que se benefician de una fiscalidad que perjudica a sus otros socios europeos. Aunque este ha sido un asunto en el que la Comisión Europea apenas ha intervenido hasta ahora, la situación ha cambiado radicalmente con la negociación de las ayudas europeas a los países más afectados por la pandemia.


La actitud de algunos de esos países, encabezados por Países Bajos, ha creado un enorme malestar entre otros socios. La práctica del ‘dumping fiscal’ ha empezado a ser seriamente cuestionada y los avisos de la UE a aquellos países que lo practicaban han dejado de ser una anécdota a convertirse en un problema de alcance desconocido.


Ahora se han empezado a dar a conocer los informes de las autoridades internacionales sobre está práctica de países como Países Bajos, Bélgica, Irlanda o Luxemburgo. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), “Países Bajos es el segundo mayor receptor de inversiones extranjeras directas realizadas a través de entidades de propósito especial en todo el mundo después de Luxemburgo”. También es, según una información publicada por El Confidencial, uno de los países con mayor número de empresas buzón, aquellas que no tienen empleados y que se usan para canalizar ingresos pagando menos impuestos, del mundo.


Los países del sur de Europa quieren que esto se corrija, sobre todo después de comprobar la actitud de algunos países del norte sobre las ayudas económicas para salir de la crisis. Para forzar a un cambio de dirección, los países del sur cuentan con un arma. Uno de los artículos de los tratados al que pueden acudir, y que hasta ahora apenas ha sido usado, es el que señala que “en caso de que la Comisión compruebe que una divergencia entre las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros falsea las condiciones de competencia en el mercado interior y provoca, por tal motivo, una distorsión que deba eliminarse, procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados”.


De hecho, el Parlamento Europeo pondrá en marcha en breve una comisión para estudiar si la legislación fiscal de algunos países incumple la normativa europea. También está en estudio la tasa que se debe imponer a las grandes multinacionales que dejan de pagar sus impuestos en los países en los que obtienen sus beneficios para hacerlo en aquellos que les ofrecen más ventajas fiscales.


Aunque el recorrido para cambiar las normas es largo, el simple hecho de que se inicie la marcha puede tensar las relaciones entre los países que sacan provecho económico de esta situación y los que se siente perjudicados. En este momento, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, encabeza a los favorecidos, mientras que los que se siente perjudicados tiene como cabeza más visible al presidente español Pedro Sánchez.

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