Trabajo estima que las empresas pagarán 790 millones al año en cargas administrativas por teletrabajo

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social cifra en más de 790 millones de euros al año el coste que tendrán que afrontar las empresas en cargas administrativas a partir de la nueva regulación del teletrabajo aprobada esta semana por el Gobierno.


La ministra de Trabajo y Economía Socia, Yolanda Díaz



Así se desprende de la memoria de impactos que acompaña al decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros,  a partir de la estimación de que trabajará a distancia con carácter regular uno de cada cinco trabajadores en España.


En su estimación, Trabajo señala que, conforme a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el pasado año un 8,3% de los trabajadores recurrió al teletrabajo, y según la encuesta de Eurofound, el porcentaje de los que empezaron a hacerlo con la pandemia alcanzó el 30%.


De su lado, el Banco de España cree que siete de cada diez trabajadores podría teletrabajar, al menos ocasionalmente. Por ello, Trabajo estima en el 20% de la población ocupada a efectos de los acuerdos de teletrabajo que deben ser comunicados, 3,72 millones de trabajadores conforme a la extrapolación a partir de la EPA del segundo trimestre del año.


A partir de ahí, a Trabajo le resultan 790 millones de euros de la suma del coste de los diferentes trámites, siendo el más costoso la obligación de la empresa de entregar a la representación legal de los trabajadores una copia de todos los acuerdos a distancia y de sus actualizaciones (372 millones al año, a 100 euros por cada envío, y estimándose una frecuencia de una vez al año).


Más de 14,8 millones resultarían del envío de la copia de estos acuerdos y sus modificaciones a la oficina de empleo (con un coste unitario estimado menor, de 4 euros), y 186 millones la obligación de informar a los teletrabajadores y a la representación sindical de los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial.


Para informar de las posibilidades de ascenso que se produzcan, sean presencial o a distancia, se estima un cose de 124 millones de euros, mientras que la entrega del informe escrito a la persona trabajadora y delegados de prevención que justifique la necesidad de la visita, a efectos de riesgos laborales se calcula en 93 millones.


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