lunes, 30 de noviembre de 2020

¿España o EE.UU.? Canarias separa durante meses a madres e hijos que llegan en patera

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Medio mundo se puso las manos a la cabeza cuando Donald Trump anunció que separaría a madres e hijos en la frontera estadounidense con México. Al parecer, esta práctica también se ha llevado a cabo en España, concretamente en Canarias, donde la Fiscalía de Las Palmas ordenó que los menores que llegan en patera deben ser separados de sus padres hasta que una prueba de ADN confirme el parentesco. 


Pateras acumuladas en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) este 23 de septiembre


Hasta el momento ha habido al menos 12 casos de hijos separados de sus familiares después de llegar en patera. Según la Fiscalía, con esta acción pretenden asegurarse de que las mujeres que llegan con niños a España son realmente las madres de estos niños. El objetivo es evitar situaciones, entre otras, de trata de menores. Pero no se ha tenido en cuenta que esta decisión vulnera el protocolo de atención a los niños migrantes, que establece que solo debe separarse a las madres y a sus hijos en caso de "riesgo inminente". 


Una vez separados, la Fiscalía ordena hacer pruebas de ADN para comprobar el parentesco. Aunque este procedimiento suele tardar unas dos semanas, en Canarias, los menores y sus madres han estado separados hasta tres meses.


Hace tan solo una semana un grupo de madres denunció en un vídeo que el pasado 27 de agosto habían sido separadas de sus hijos. "Desde que llegamos a España el 27 de agosto, no hemos vuelto a ver a nuestros hijos. Hay chicas jóvenes aquí, casadas, prometidas y embarazadas, que también quieren ver a sus parejas. Hay otras que quieren ir a la Península a trabajar. Aquí no hay trabajo, esto es como una prisión", lamentaban.



Según informó la Fiscalía, la decisión de hacer las pruebas a todas las madres e hijos se tomó después de la desaparición de varios niños que habían llegado con mujeres que decían ser sus madres. Al parecer, antes de obtener las pruebas de ADN, algunos de los menores desaparecieron, y al recibir los resultados de las pruebas se comprobó que no tenían parentesco. 

 

Varias oenegés, así como la directora directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, denunciaron hace una semana que la decisión de la Fiscalía vulnera los derechos de los niños, pero la Fiscalía reafirmó que su instrucción era poner a los menores a disposición de los órganos de protección de la infancia y que eran estos órganos quienes debían valorar si separaban a los menores de sus familias. Tras la denuncia, el fiscal superior de las Islas Canarias, Luis del Río, aseguró que se había procedido a "reevaluar la situación" para ver si era o no "proporcionado separar a los niños y a sus madres".


Unos días después, las madres pudieron reencontrarse con sus hijos, tal como explican a Catalunya Press desde Misión Cristiana Moderna, una iglesia de Fuerteventura que ha acogido durante los últimos años a migrantes, y como anunció en su cuenta de Twitter Helena Maleno, fundadora del colectivo Caminando Fronteras. 



¿Qué pasará a partir de ahora?

Yaiza Martín, trabajadora de Misión Cristiana Moderna, explica que desde la entidad todavía no están satisfechos con la entrega de los niños a sus madres y que desde la iglesia quieren seguir con la denuncia. Les preocupa qué pasará con los menores que lleguen a partir de ahora. "No sabemos si los protocolos han cambiado o simplemente se ha parcheado el tema dándoles rápido los niños a las madres", se pregunta. 


Según explica, los únicos menores que han llegado hasta el momento lo hicieron solos, por lo que todavía no se ha producido ningún caso como los de agosto que cuestione de nuevo la decisión de la Fiscalía. 


Ángel Manuel Hernández, el pastor de la iglesia, detalla a Catalunya Press que de momento, lo único que ha dicho la Fiscalía es que "supervisará las videollamadas entre las madres y los menores por medio de un técnico, que valora si son las madres o no. También enviaron una carta a comisaría central para que agilicen las pruebas de ADN". 


Casos similares en Melilla

El Defensor del Pueblo ha denunciado que la separación de menores y sus familiares, ya que es una situación que se ha producido en varias ocasiones en la frontera de Melilla. Aunque fue la propia institución quien recomendó a las comunidades hacer pruebas de ADN para evitar situaciones de trata o adopciones ilegales, para ello les aconsejaban habilitar centros en los que se haga un seguimiento de los adultos y los menores para comprobar su parentesco. 


La oenegé Women's Link denuncia que esta práctica se produce desde 2013 en Andalucia y en Melilla. Por otro lado, Patricia Fernández, de la entidad Coordinadora de Barrios, que lucha contra la exclusión social, denunció a TV3 que la práctica es "sistemática" en Melilla, y puso de manifiesto la vulneración de los convenios internacionales que supone. 


En el informe de 2019, el Defensor del Pueblo asegura que "considera excesiva la demora en la remisión de los resultados, lo cual denota la necesidad de mejorar y agilizar los procedimientos incoados para la identificación de menores acompañados". Y es que son muy pocas las ocasiones en que el adulto que asegura ser familiar de un niño en realidad no tiene parentesco con el menor. En 2019, de las 651 pruebas de ADN que se hicieron, solo 39 fueron negativas. 

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