Dolors Montserrat pide a la Comisión Europea que condene a la Universidad de Barcelona por "apoyar al independentismo"

 

La Portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido hoy a la Comisión Europea que condene lo que considera el intento de la Universidad de Barcelona de "vulnerar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, la libertad ideológica y la educación, al aprobar un manifiesto oficial en el que apoyaba a políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo español y pedía su liberación". También ha pedido, por tanto, que defienda el principio de neutralidad ideológica de las universidades.

El pasado 5 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Barcelona condenó a la Universidad de Barcelona por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, así como el derecho a la educación de estos últimos, al emitir el mencionado manifiesto.

En este sentido, Dolors Montserrat ha presentado hoy una pregunta parlamentaria en la que pide a la Comisión Europea que condene “los intentos de manipular la realidad e ir en contra de los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente” por parte de esta universidad.

La portavoz popular también ha preguntado a la Comisión Europea si defiende “que los órganos de gobierno de las universidades respeten el principio de neutralidad ideológica”.

“El manifiesto de la Universidad de Barcelona exigía anular actuaciones judiciales realizadas con todas las garantías en una democracia plena, como es España”, ha explicado Montserrat en su pregunta al Ejecutivo comunitario.

Además, la portavoz popular ha criticado que un grupo de 24 eurodiputados, entre ellos el fugado Carles Puigdemont, el eurodiputado de Bildu Pernando Barrena o el eurodiputado Miguel Urban de Podemos, partido Integrante del gobierno de coalición, hayan enviado una carta a la Comisión Europea en la que intentan tergiversar la realidad al pedir que las autoridades españolas no interfieran en los pronunciamientos de los órganos de gobierno de las universidades catalanas, algo que en realidad no sucede, puesto que la sentencia del juzgado de Barcelona fue instada por cuatro profesores y un alumno que sintieron lesionados sus derechos fundamentales.