La Sindicatura de Cuentas llama a las administraciones a abandonar el paraguas de la emergencia en la contratación

El Parlamento ha organizado la jornada "Recomendaciones para los sistemas de contratación pública en tiempos de crisis: riesgos de corrupción en el contexto de la Covid-19" con los representantes de las principales instituciones de control de la Generalidad y del mundo local para debatir sobre los riesgos de corrupción derivados de la contratación de emergencia llevada a cabo por los entes del sector público para hacer frente a la pandemia y para hacer recomendaciones de mejora dirigidos a los sistemas de contratación pública.

Han intervenido el defensor del pueblo, Rafael Ribó; el síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Jaume Amat; el director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno; el interventor general de la Generalidad de Catalunya, David Canada; la presidenta del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Cataluña, Aurora Corral, y el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia, Marcel Coderch.

El síndic mayor ha hecho hincapié en la excepcionalidad de la situación originada por la pandemia, de alcance mundial, con un gasto público que sólo en el ámbito de la Generalitat se ha traducido en la formalización de 5.400 contratos por el procedimiento de emergencia por un importe total de 624 M €, y con una producción normativa de casi 700 nuevas disposiciones relacionadas con la crisis, según los datos que ha facilitado.

Entre la docena de recomendaciones que ha hecho Amat, destacan la exigencia de transparencia en todos los procedimientos, dado que "emergencia no significa falta de información", la maximización de los medios digitales y "la unificación de criterios y precios, evitando la dispersión en la toma de decisiones y potenciando la centralización de compras, y profesionalizando al máximo las operaciones vinculadas a la contratación ".

El síndic mayor ha llamado también a no confundir "el riesgo de corrupción con corrupción" sin tener una evidencia sólida basada en procedimientos de auditoría, y añadió que las administraciones tienen que volver poco a poco a "normalizar" los sistemas de contratación y abandonar el paraguas de la emergencia utilizado en los últimos meses.

Finalmente, apostó por que cada institución ejerza las funciones de control que le corresponden de acuerdo con sus competencias, desde la coordinación entre todas ellas, pero sin la creación de nuevos órganos que se añadan a los ya existentes.