Muchas cuidadoras de ancianos son forzadas a trabajar siete días a la semana sin descanso

Hay familias que ofrecen  entre 400 y 600 euros de media al mes por el cuidado ininterrumpido de abuelos en sus casas tanto en ciudades grandes como en pueblos pequeños.

España es uno de los países europeos que emplea más trabajadoras internas. Se calcula que hay unas 700.000 personas trabajando en el sector doméstico en nuestro país, 542.000 de las cuales son mujeres, según datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA). Un 55% del total son personas nacidas en el extranjero. Y, de ese total, cerca de la mitad trabaja en negro. Unas 20.000 habrían perdido el trabajo desde marzo. 

Casualmente, España es uno de los países occidentales que sigue sin ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado en el año 2013 para garantizar "el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos". El Gobierno de Pedro Sánchez lleva desde inicios de año prometiendo que España pronto lo va a ratificar, con el fin de dotar de derechos a este amplio sector laboral, comenzando por la cobertura por desempleo. Todavía no lo ha ratificado.

La alerta saltó en marzo  cuando cientos de internas fueron obligadas a permanecer durante semanas en el hogar en el que trabajan, y se ha agravado con el paso del tiempo, hasta el punto de que hoy es normal exigir a un trabajador interno que no salga nunca de la casa para evitar contagiar de coronavirus a los ancianos a los que asiste porque la mayoría son mujeres inmigrantes latinoamericana con escasos recursos económicos y muchas sin permiso de residencia en España. 

Lo habitual es que reciban ofertas de 400 euros por estar interna de lunes a domingo y hasta de 250 euros las ha visto. Y es que la pandemia les cerraron todas las casas a las que acudían y  las han obligado a  ejercer de internas por su situación irregular.  Y es que el coronavirus ha disparado la demanda de cuidadores de ancianos, pues muchas familias tienen pánico al contagio en las residencias geriátricas. También ha multiplicado las ofertas de 'canguro' para cuidar a niños por horas. Pero esta demanda, en lugar de revalorizar una profesión históricamente mal pagada, ha hundido más aún las condiciones, a niveles que las profesionales aseguran no haber padecido antes. 

 Y es que para que las familias españolas puedan seguir con sus vidas con normalidad, se ha optado por explotar laboralmente a personas que no tienen la capacidad de plantar cara o negarse, ya que la pandemia les ha comido todos los ahorros, viven en la pobreza y no encuentran otro trabajo. Esto no es algo nuevo, lo hemos vivido en anteriores crisis cuando familias que recortan salarios a sus internas luego se van de viaje al extranjero en vacaciones, pero está alcanzando unos niveles muy alarmantes ahora.

 Sobrecoge la facilidad con que una sociedad plenamente desarrollada como la española impone condiciones de semiesclavitud a sus empleados domésticos sin pestañear. Parecería que del coronavirus, a diferencia del eslogan del Gobierno, no saldremos mejores. Aparentemente les ofrecen un trabajo, pero acaban convertidas en rehenes, sin los derechos más básicos y muy malos salarios. Han de cuidar de gente enferma y muy dependiente, a la cual no pueden dejar sola ni dos horas. Este encierro durante semanas o meses les acaba llevando a la depresión. Cada vez nos llegan al centro más mujeres psicológicamente hundidas pidiendo ayuda.

El 30 de abril, el Gobierno aprobó una resolución para establecer un "subsidio extraordinario por falta de actividad" para las empleadas del hogar. Sin embargo, de las 350.000 personas dadas de alta en la Seguridad Social que tenían derecho a solicitarlo, solamente 66.000 lo hicieron. Y de estas, solo 37.000 expedientes han sido aprobados. Para rematarlo, la mayoría de 'afortunadas' lo están cobrando con muchos meses de retraso, cuando no directamente siguen esperando la prestación.