Un exconcejal de CiU condenado por falsificar un contrato evita la cárcel realizando un curso de formación en ética

Antoni Vives (EP)

El exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives ha aceptado ser condenado por falsificar un contrato en la empresa municipal Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano en 2012, por lo que ha acordado con la Fiscalía una pena de dos años de cárcel que conmutará por un curso de formación en ética en la gestión pública.

Vives ha ratificado este miércoles ante los magistrados de la Sección 2 de la Audiencia de Barcelona su conformidad con el acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones de la causa.

La condena al exconcejal también incluye una multa de 5.400 euros, y el cambio de la pena de prisión por el curso de formación está condicionado a que no vuelva a delinquir en dos años.

TRABAJO FICTICIO 

La Fiscalía pidió cinco años de prisión para el exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, a quien acusó de hacer un presunto contrato falso al exalcalde de Cervelló (Barcelona) del mismo partido Jesús Arévalo para trabajar "ficticiamente" en la sociedad municipal Barcelona Regional Agencia de Desarrollo Urbano.

En el escrito de acusación, la Fiscalía relató que Barcelona Regional contrató a Arévalo desde el 9 de enero de 2012 hasta el 31 de mayo de 2015, cuando ejercía como alcalde de Cervelló y coincidiendo con las elecciones municipales en las que BComú llegó al Ayuntamiento de Barcelona, con un sueldo de 34.000 euros anuales y a jornada completa.

Al llegar a la Alcaldía, Arévalo pasó a cobrar un salario más bajo al que tenía en su trabajo anterior como arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y la Fiscalía considera que por ese motivo pidió a su partido que la administración le contratara para "completar su remuneración anual".

El Ministerio Público acusa a Vives de decidir, de común acuerdo con el director general de Barcelona Regional, Guillermo Muller, "contratarlo ficticiamente" en la entidad.

Considera que lo hicieron "con consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos".

Asimismo, el escrito de la Fiscalía afirma que Arévalo no participó en ningún proyecto de Barcelona Regional durante el tiempo en que figuró de alta como trabajador de la entidad, y considera que "los tres acusados se concertaron para simular el contrato y darle apariencia de legalidad".

Lo hicieron con el objetivo de "obtener un ilícito enriquecimiento a cargo de los caudales públicos" a favor de Arévalo, quien recibió en total 155.067,59 euros: 39.959,49 en 2012, 44.914,18 en 2013, 45.061,35 en 2014 y 25.132,57 en 2015.