Ingenieros, economistas y abogados denuncian: "La rigidez de las administraciones ante los problemas contrasta con la velocidad de las empresas para reinventarse"

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El Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Catalunya, el Colegio de Economistas de Catalunya y el Colegio de la Abogacía de Barcelona han constituido el grupo de trabajo de Evaluación de Políticas Públicas en Catalunya con el objetivo de reflexionar, debatir y construir propuestas en torno a la mejora de los procesos de toma de decisión a las administraciones públicas que actúan en Catalunya.


reinventarse

@EP



La creciente complejidad del marco institucional y la aparición de crisis generalizadas como la reciente Covid-19 han puesto de manifiesto que la cooperación entre territorios, administraciones, sectores y grupos de interés es esencial para alcanzar los objetivos económicos, sociales y ambientales que persigue la sociedad en términos de interés general.


Más allá de las voluntades políticas, hay un marco institucional y jurídico que favorezca el interés general y unos profesionales de la administración capaces de implementar las reformas que permitan mejorar rápidamente la calidad de nuestras administraciones públicas. En este contexto, una prioridad de los gobiernos debe ser mejorar la gestión del conocimiento y la formación de los empleados públicos según estos colegios profesionales.


En palabras de los creadores de este espacio de trabajo conjunto: "hay que mejorar urgentemente la capacidad de nuestras instituciones -la Estatal, la Autonómica y la Municipal- de gobernar un mundo de una complejidad creciente y diferente, aportando posibles fórmulas para lograr la eficiencia de la gestión pública ".


En fase previa a su constitución formal, este grupo de trabajo ha deliberado ampliamente sobre "las dificultades de las administraciones en la toma de decisiones en relación a las políticas de inversión pública, el desarrollo urbanístico, las infraestructuras y los servicios públicos de alcance territorial, todos ellos aspectos claves en la competitividad de nuestra economía y en el mantenimiento de la cohesión social ".


En su primer análisis afirman que ahora "nos encontramos en un momento decisivo en el camino de poder equipararnos a los países más avanzados de Europa. El plan de reconstrucción económica postcovid pactado por los países miembros de la Unión Europea, implementados en los Fondos Next Generation EU, movilizará un volumen de recursos sin precedentes en Europa.


La correcta distribución y aprovechamiento de este Fondo constituye una prueba decisiva para medir la capacidad de las Administraciones públicas para hacer frente a este reto, y servirá para dotarlas de todos aquellos recursos necesarios que coadyuvando a la canalización eficaz y eficiente de este plan ".


Con este fin, el grupo de trabajo plantea 12 ideas para abrir el debate pendiente sobre la calidad de las administraciones y el gobierno del territorio que deben contar con la participación de todos los agentes implicados, profesionales de la Administración, partidos políticos, organizaciones e instituciones de la sociedad civil, agrupaciones empresariales y los mismos colegios profesionales, entre otros.


LAS DOCE PROPUESTAS DE INGENIERO, ECONOMISTAS Y ABOGADOS


1. La calidad de las Administraciones públicas catalanas es relativamente bajo a, en relación al resto de Europa. Hay "islas de excelencia", pero los modelos de calidad tienen dificultades para desarrollarse ya menudo no consiguen extenderse, ni ser sostenidos a lo largo del tiempo. Tras la crisis económica de 2008 no se produjo una mejora apreciable en la calidad de las administraciones catalanas y españolas, y lo más probable es, por tanto, que tampoco se produzca después de la crisis derivada de la Covid-19 sino se inicia un debate profundo sobre las causas y las posibles soluciones. El primer paso para encontrar soluciones es tomar conciencia.


2. No es suficiente con el compromiso social: la actividad política es una actividad muy complicada que requiere sensibilidad y conocimiento. Mientras el marketing y la comunicación política se vuelve más sofisticada, las decisiones políticas a menudo tienen una mirada parcial y corto-terministas, y se centran en cuestiones de gestión cotidiana.


Más que "tomar decisiones" a menudo parecen ser decisiones ya tomadas por otras las que los políticos se ven obligados a defender. Sin embargo, las decisiones y las "no decisiones" políticas afectan cada vez más actores institucionales públicos y privados, y tienen mayores impactos a medio y largo plazo.


3. La separación creciente entre los discursos políticos y los problemas sociales concretos contrasta con la velocidad de las empresas a la hora de reinventarse. La rigidez de las administraciones públicas dificulta su reorganización con el fin de adaptarse a un mundo de complejidad creciente, que se organiza en redes locales y globales que rebasan las fronteras territoriales heredadas. En este contexto, puede ser relevante tener presentes algunas experiencias de cooperación público-privada ya existente en Catalunya para ofrecer más eficientemente servicios a la población.


4. La falta de capacidad de respuesta política y administrativa deriva también en una creciente judicialización de decisiones públicas. No es un problema exclusivamente catalán o español. Procesos políticos vividos en Europa (como los movimientos independentistas en Escocia y Catalunya, o el Brexit ...) y las dificultades del proceso de integración europea, o la difícil gestión de los riesgos de la globalización por parte de instituciones multilaterales (como el OMS durante la pandemia CV19), así como el incremento del populismo y el clientelismo, han reafirmado las visiones políticas a corto plazo y propulsado la retórica populista. Los gobiernos y las administraciones han sido incapaces de encontrar soluciones políticas a retos que los rebasan y han dejado en manos de jueces las decisiones importantes.


5. Las administraciones públicas muestran una rigidez excesiva y dificultades para cooperar. La ciudad de Barcelona -el territorio del "continuo urbano" - se gobierna desde una treintena de ayuntamientos; la institucionalización del Área Metropolitana o de la Región Metropolitana es incompleta; el proceso de comarcalización ha resultado, en general, ineficiente; las diputaciones provinciales, que un día debían ser integradas, siguen siendo indispensables para apoyar los municipios de nuestro país.


6. La cooperación entre territorios, sectores y grupos de interés requiere mucho más que voluntad política. Hay un marco legal y financiero que le favorezca, y unos profesionales de la administración capaces de implementarla.


7. Es preocupante que la institucionalización sea considerada por las propias organizaciones como un fin en sí misma, más que como un instrumento de atención participada a las necesidades sociales. La Administración pública es un instrumento que debe servir con objetividad los intereses generales. El concepto de interés general, - como finalidad última- y de interés público- como criterio instrumental- debe determinarse con suficiente claridad y transparencia en el diseño de cada política pública.


8. Emergencia de nuevas formas de gobernanza en red y multinivel, alejadas de la rigidez de las jerarquías y las competencias pretendidamente exclusivas. La rigidez de la división territorial y competencial de Catalunya ha llevado a la creación de entidades municipales descentralitzadas, mancomunidades, consorcios y agencias especializadas, modelos de partenariado público-privados a menudo no institucionalizados, que en algunos casos convendría promover.


9. Las administraciones deben ser transparentes en la gestión pública para favorecer la participación ciudadana bien informada en la defensa legítima de los intereses de parte, incorporando el conocimiento independiente de los expertos, la protección de las minorías y la primacía de la preservación de los derechos fundamentales y de la justicia. Hay que encontrar herramientas que hagan de esta transparencia un instrumento y no un lastre al servicio de la eficacia y la eficiencia en la actuación de los poderes públicos. La democracia, en su dimensión de participación organizada de los ciudadanos en las decisiones sobre los asuntos públicos, conlleva una serie de valores y de procedimientos a orquestar y equilibrar.


10. Repensar las condiciones de acceso a la función pública para promover la captación de talento por parte de las administraciones públicas, debido al problema incipiente de relevo generacional que sufre hoy este ámbito, y hay que definir la enseñanza necesario y qué formación continuada conviene promover. Sin embargo, los empleados públicos han de internalizar su compromiso social como servidores públicos, e ir de la mano con la consecución de aquellos intereses todo aportando su experiencia, modulando de forma muy cuidadosa cuando hay que actuar como controladores o fiscalizadores de la actividad de los ciudadanos o, incluso, de los mismos decisores políticos. Esta capacidad nos lleva, como se menciona más adelante a defender la necesidad de potenciar el papel de la dirección pública profesional.


11. La prioridad de los gobiernos debería ser mejorar la gestión del conocimiento en las administraciones públicas, y la formación de los empleados públicos. Esto exige una mayor formación interdisciplinar, técnica, económico-financiera y legal de los profesionales para aumentar la inteligencia corporativa y la sensibilidad social de quienes deben asesorarlos, con juicios objetivos, sobre el interés general, el interés público y la viabilidad y factibilidad de sus decisiones.


12. Poner en valor aquellos instrumentos organizativos que ayudan a separar más claramente el rol político del rol del funcionario / directivo público en la gestión, y que refuerzan el papel estratégico de la dirección profesional en la función pública. La estabilidad profesional vinculada a objetivos y resultados de los directivos públicos y la mejor concreción de las funciones, responsabilidad y permanencia de algunos consejos asesores, son piezas importantes para garantizar la efectividad -combinación de eficacia y eficiencia- de la actuación de las administraciones.

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