Investigan a Romeva y nueve excargos del Govern por contratos y subvenciones en Exteriores

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Una jueza de Barcelona investiga al exconseller Raül Romeva y nueve excargos del Govern por presuntamente hacer contratos y conceder subvenciones "al margen de las competencias" en Exteriores, en algunos casos supuestamente para promocionar el proceso soberanista en el extranjero.


El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixat (izquierda); el líder de ERC, Oriol Junqueras; y los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull (derecha) salen de la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Exconsellers saliendo de prisión @ep


En el auto, la jueza abre la investigación y entre los investigados que ordena citar están el entonces secretario general de la Conselleria de Exteriores; los exsecretarios generales del Diplocat; y el secretario del Govern, Víctor Cullell.


Esta causa empezó por una denuncia de la Fiscalía por presunta prevaricación, malversación y falsedad documental, que se basa en un informe el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la política exterior de Catalunya entre 2011 y 2017, según el que hubo algunas actividades "ajenas a las finalidades" previstas que supuestamente tuvieron como objetivo dar a conocer el proceso soberanista y lograr apoyos internacionales.


A partir de ese informe y de la denuncia de la Fiscalía la jueza acepta investigar si la Conselleria de Exteriores otorgó una "subvención directa" de 40.000 euros a la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (Focir), y otras presuntas contrataciones directas.


La jueza investigará la contratación de un informe sobre la política europea de defensa, que según el fiscal estaba "indiciariamente encaminado a la elaboración de las estructuras de un hipotético estado independiente", y remarca que la Generalitat no tenía competencias para encargarlo.


La denuncia también incluye el encargo de un estudio académico sobre el estatus que podría tener en la UE una región que se independizara de un Estado miembro, y la contratación "sin justificación acreditada" de un espacio coworking en Bruselas entre mayo y noviembre de 2017.


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