domingo, 19 de septiembre de 2021

De la justicia a la carta a la república cantonal

Pascual Ortuño
Ex magistrado, jubilado

La normativa que el gobierno de la nación ha promulgado para la regulación de las consecuencias derivadas del levantamiento del “estado de alarma” evoca el pasaje evangélico del lavatorio de manos de Poncio Pilatos. Dicho de otra forma, se deja la adopción de las medidas a criterio de los respectivos gobiernos de las Comunidades Autónomas que, no obstante, deberán ser del agrado de las salas de contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.


Las primeras normativas autonómicas dictadas a la carta, según lo que en cada territorio han considerado oportuno los responsables políticos de turno han sido ya tan variopintas como era de esperar: el cierre perimetral del País Vasco ha sido tumbado por los jueces, mientas que sus comunidades vecinas de Cantabria, Asturias y Castilla y León no han adoptado medida restrictiva alguna; Andalucía dice que impondrá el cierre cuando se disparen los contagios por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes; en Murcia lo mismo pero con 250 casos; en Aragón se limita el derecho de reunión; en Baleares se exigirán analíticas detección de la presencia del virus; en Madrid el toque de queda será a las 02.00 de la madrugada mientras que en Cataluña será a las 24.00; en Canarias, además de lo anterior, se establecerá el toque de queda a la misma hora.


Archivo - Arxiu - Façana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya @ep


La supervisión de la corrección de las medidas otorgada a los TSJ empieza a ser tan variopinta como el ancestral sistema de la moneda al aire: el de Baleares ha bendecido lo que ha dicho el gobierno autonómico, el del País Vasco ha rechazado lo que han promulgado sus gobernantes y el de Canarias ha anulado las medidas relativas al toque de queda. El Lendakari ha tirado la toalla y ha decidido no acudir al Tribunal Supremo, mientras el de Canarias ya ha anunciado su recurso ante el más alto tribunal de la nación. Estamos a la expectativa de lo que harán los otros.


Muchos ciudadanos, perplejos, se preguntan si estas medidas obedecen a criterios científico-sanitarios, o si las dicta el consejero de turismo de cada comunidad. Otras personas normales se preguntan si los magistrados autonómicos a los que les ha sido trasladado el “marrón” utilizarán criterios técnico-legales o si harán una interpretación de lo que consideran el “superior bien común a proteger” según su leal saber y entender. Por su parte, los juristas se preguntan si realmente la solución al grave riesgo de que se produzca una nueva ola de la pandemia, todavía más mortífera que las anteriores, la dará el Tribunal Supremo de la nación, convertido en “rompeolas de todas las Españas”, o si en defensa de las competencias exclusivas que ostenta cada Comunidad Autónoma se deberá recabar esta solución del Tribunal Constitucional.


Omito toda referencia a otras instancias supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no quiero dar pistas a nuestros próceres, que tienen el encargo de velar por nuestra salud y terminarán haciendo el ridículo, una vez más, trasladando a los togados europeos las cuitas internas de este espacio de convivencia que se llama España.


La razón que los politólogos explican radica en que esta situación obedece a la falta de apoyo parlamentario del gobierno para establecer unas medidas homogéneas razonables, como han hecho otros países de nuestro entorno. Tanto los partidos conservadores, como la mayoría de los que dieron su apoyo a la investidura del presidente Sánchez le pedían -dicen- que prorrogara el estado de alarma para, en sede parlamentaria volver a darle un revolcón negando su convalidación, para forzarlo a dimitir.


Ciertamente atravesamos una situación preocupante, no solo por la cuestión sanitaria y por los malos augurios de la evolución de la economía, con el horizonte de alcanzar una cifra de parados de cinco millones de personas, sino también por los riesgos de que no se aproveche de forma adecuada la oportunidad que se presenta con las ayudas europeas que esperamos como tabla de salvación. La crispación y la lucha cainita que se ha librado en las comunidades de Murcia y Castilla-León con las mociones de censura, y el revolcón del PSOE en Madrid, más la inestabilidad política en Cataluña por la tenaza del “procés”, que se cronifica, se agrava mientras en Andalucía se le abre un nuevo frente al gobierno por la batalla de las primarias. Todo ello conforma un escenario propicio para una lucha sin cuartel para el reparto de la imprescindible inyección económica que la Unión Europea ha aprobado. Cada Comunidad Autónoma está exigiendo que le transfieran la parte que les corresponde de la piel del león para que sean sus políticos los que administren sus prioridades, mientras el poder fáctico de “la banca” ya ha mostrado su apetito insaciable y pronto ha olvidado la carga del rescate que pesa sobre las futuras generaciones de españoles. No se quedan atrás las grandes constructoras que pretenden absorber la mayor parte de los fondos europeos para obras megalómanas.


En definitiva, se ha olvidado lo que representa el proyecto europeo, como vía de superación de los graves problemas que se han instalado en España. Ni el gobierno del estado ni los de las Comunidades Autónomas han prestado atención a la celebración del día de Europa que, por celebrarse el domingo siguiente a las elecciones en Madrid, ha pasado casi desapercibido en nuestro país.


Da la impresión de que, con la exaltación de la Libertad que se ha proclamado desde la Puerta del Sol, han quedado en la sombra los ideales de “igualdad” y “fraternidad” de la revolución francesa. El valor de la solidaridad entre las personas y los pueblos no se enseña en las escuelas. España se parece cada vez más a aquella organización medieval de los Reinos de Taifas, al país destrozado por las guerras carlistas. Da la impresión de que volvemos a añorar las luchas entre los gloriosos “cantones” de la I República que no solo propiciaron el regreso de una monarquía pseudo parlamentaria, asentada en el caciquismo, sino que impidió la consolidación de los ideales de la Ilustración en nuestro país y propició la sangrienta descolonización de los territorios de ultramar, las aventuras militares africanistas y las dos dictaduras que el pueblo español tuvo que soportar en el siglo XX. A todo esto, no se les ocurre otra solución que sean los jueces los que gobiernen.


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