Tiempos recios para América Latina

Parafraseando el título de la novela de Vargas Llosa, el continente latinoamericano vive tiempos recios en lo político, en lo económico, en lo social, en lo sanitario que condiciona, a su vez, todas las dimensiones mencionadas. La pandemia del COVID 19 no da respiro a los principales países de la región, agudizando una crisis social nunca vista en las últimas décadas en el continente, que se refleja en la caída abrumadora de los índices del empleo formal y la preeminencia de la informalidad; en el aumento sostenido de la pobreza y de la marginalidad social y económica que campea en la mayoría de las naciones latinoamericanas.

Actualmente, la región de América Latina y el Caribe se encuentra sometida a una aguda crisis de representación política que se traduce en el divorcio entre partidos políticos y sociedad civil. Esto se expresa en el hartazgo ciudadano frente a las élites políticas, empresariales, su rechazo contra el sistema político en general, partidos incluidos. El resultado de esta explosiva ecuación es una acelerada abstención electoral en muchos países de América Latina y el Caribe, y una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas que debilita las extenuadas democracias del continente. Un escenario con estos ingredientes es caldo de cultivo para propuestas populistas, mesiánicas e individualistas, en un año en el que tienen lugar diversos procesos electorales de alta relevancia política.

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La reciente segunda vuelta en Perú el 6 de junio pasado, enfrentó a un desconocido candidato de la izquierda tradicional, el profesor rural Pedro Castillo, con la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, representante de la rancia oligarquía peruana, que no disimula su desprecio hacia la gran mayoría del pueblo peruano. En un país extremadamente polarizado y politizado, el resultado electoral fue relativamente estrecho en el balotaje, en donde el candidato de izquierda con su coalición Perú Libre alcanzó el 50,125% de los votos y la coalición Fuerza Popular de K. Fujimori logró el 49,875%. La ventaja de 44.000 mil votos en favor de Castillo, derrotando a la figura máxima del fujimorismo y de la derecha peruana, es estrecha, pero legítima. Apenas conocidos estos resultados, la candidata Fujimori lanzó una ofensiva mediática al estilo Trump, destinado a impugnar la votación arguyendo que las elecciones en algunas regiones del país estaban viciadas. Con su proceso de impugnación por fraude, Fujimori tiene estancada hasta hoy –inicios de julio de 2021- la posibilidad de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de por ganador a Castillo. De esta forma, debilita aún más la frágil democracia peruana y, soterradamente, hace un guiño a una intervención de las Fuerzas Armadas. Veedores de organismos internacionales como la OEA y Unión Europea (EU), no encontraron ninguna objeción a la elección misma; incluso el Departamento de Estado de los EEUU valoró la transparencia de estos comicios. Sin embargo, hasta el momento, el resultado electoral que dio como ganador al maestro Castillo, no puede ser ratificado.

Colombia se encuentra en una aguda crisis político social y económica desencadenada por reformas sociales y económicas propuestas por el gobierno de Iván Duque que afectaban mayoritariamente a los sectores sociales más vulnerables. A más de dos meses del inicio de los estallidos sociales de resistencia en varias ciudades del país, el gobierno ultraconservador de Duque no logra satisfacer las demandas sociales propuestas por el Comité de Paro, e intenta terminar con la crisis aumentando dramáticamente la represión. El gobierno no ha mostrado voluntad de diálogo real con las fuerzas sociales en pugna. Según organismos nacionales de DDHH se han cometido más de 75 asesinatos por parte de las fuerzas armadas y represivas del Estado y de sicarios del narcotráfico. Incluso Naciones Unidas a través de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet, ha hecho llamados al gobierno colombiano a que se respeten los derechos sociales, laborales y humanos en Colombia.  

En Centroamérica, Nicaragua enciende las alarmas de la región. Las elecciones planificadas para el 7 de noviembre se encuentran en lo que podríamos denominar la Unidad de Cuidados Intensivos. El gobierno autócrata de Ortega y Murillo ha encarcelado una decena de destacados opositores, entre ellos, a líderes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a cinco precandidatos presidenciales de los comicios de noviembre. La represión en contra del mundo popular opositor al gobierno se ha desatado con acciones de grupos paramilitares cercanos o dependientes del gobierno de Ortega que asesinan y reprimen alevosamente. Organismos internacionales presionan al gobierno de Ortega-Murillo para que el gobierno libere con urgencia a todos los opositores detenidos en los últimos tiempos. Nicaragua y su gobierno se han convertido en la mancha negra para los progresistas y la izquierda democrática de la región.

En noviembre de este año, la oposición en Chile debe demostrar que es mayoría política y social a través de una candidatura única para enfrentar a la derecha ultra neoliberal y la que prevalezca post Piñera en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Paralelamente, el 4 de julio inicia sus sesiones la Convención Constitucional que elaborará una nueva Carta Magna, debatida y redactada por 155 constituyentes electos democráticamente, cuya composición es paritaria (50% mujeres y 50% hombres) e incluye representantes de los pueblos indígenas. Una gran fiesta popular desde el retorno a la democracia en 1990.

En el transcurso del año 2022, a lo menos dos elecciones presidenciales concentrarán el interés internacional y regional, y serán determinantes para ir definiendo esta suerte de tablero regional entre las fuerzas conservadoras neoliberales y las fuerzas políticas y sociales anti neoliberales. La primera será en Colombia, en mayo, en donde el progresismo y la izquierda pueden llegar a competir seriamente el gobierno a Duque y la derecha colombiana. Por su parte en Brasil se librará en octubre la madre de todas las batallas: con seguridad se enfrentarán Bolsonaro y Lula da Silva, quien quedó habilitado judicialmente para competir en las próximas elecciones presidenciales. Bolsonaro vive un momento de caída libre de su popularidad debido entre otras cosas al negacionismo de la pandemia que le está costando al país más de 525.000 muertos, situando a Brasil como el tercer país como más decesos en el mundo (tras India y EEUU), y actos de corrupción de importantes miembros de su gobierno en el tema, compra de vacunas.

COLOFÓN

En este escenario de tiempos rudos, de catástrofes sanitarias, sociales, políticas y económicas inéditas en el continente, es imprescindible que el progresismo y la izquierda democrática junto a los movimientos sociales se den el tiempo para la recreación de objetivos programáticos comunes, así como para generar propuestas de mediano y largo plazo.

La pandemia del coronavirus, que trastorna de manera dramática a la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, no debe postergar las urgentes definiciones en torno al tipo de sociedad, al modelo socio-económico, al diseño y alcance del Estado que debería salir fortalecido de esta prueba de fuego que nos impuso este tiempo excepcional. A su vez, es necesario avanzar hacia la constitución de un bloque anti neoliberal histórico para derrotar a la derecha retrógrada en la región. No deben escatimarse esfuerzos de unidad política para enfrentar, con humildad y coraje, los grandes desafíos del presente.

*Jaime Ensignia, sociólogo, Dr. En Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Actualmente, Director del Área Internacional de la Fundación Chile 21.