miércoles, 22 de septiembre de 2021

Escándalo en Barcelona: Acusan a Ada Colau de recortar o retirar el Servicio de Ayuda a Domicilio a dependientes

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Dependientes

El segundo mayor concurso del Ayuntamiento sirvió para adjudicar el Servicio de Atención Domiciliaria de Barcelona por un importe de 191.661 612,82 euros.  Desde entonces, el 50% de estos servicios están gestionados por la empresa Servisar-DomusVi, cuyo trabajo han querido denunciar ahora desde la Plataforma SAD de Catalunya.


Según comentan desde dicha plataforma a Catalunya Press, desde la licitación del Servicio de Atención Domiciliaria ( SAD)  sus servicios “presentan unas deficiencias tremendas”. De hecho, se trata de una empresa, según la Plataforma, “que ha tenido denuncias en Galicia por sus problemáticas en residencias; las gestionadas por ellos son en las que más muertes por Covid ha habido durante la pandemia”.


Atención domiciliaria

@EP


EL MAL CURRÍCULUM DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE DOMUSVI


En septiembre de 2020, BNG de Vigo criticaba la adjudicación a la compañía DomusVi del Servicio de Ayudas del Hogar de Galicia. Además, recordaba lo mismo que nos ha nombrado ahora la Plataforma SAD: su “gestión nefasta de las residencias” durante los primeros meses de pandemia.


Por otro lado, el 8 de julio de este mismo año, Helena y Lupe explicaban a Galicia Press su situación personal: llevaban meses de lucha en los juzgados contra DomusVi, pues su madre fue una de las fallecidas en una de las residencias de esta empresa. En esta batalla las acompañaba otra familia que también tenía a un ser querido en el mismo centro.


Y, además de esto, también tienen denuncias de plataformas de trabajadoras de ayuda en el hogar por sus gestiones. Por los despidos, por las bajadas de horas y por el mal servicio que por esta razón ofrecen en Galicia a quienes necesitan su ayuda.


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LA MALA GESTIÓN SE IMPLANTA EN BARCELONA 


Pese a toda esta situación, en enero DomusVi pasó a gestionar el Servicio de Atención Domiliciaria del Ayuntamiento de Barcelona.  Ahora parece ser que están replicando la "mala praxis" en su manera de trabajar como ya ocurrió en Galicia. “Los Servicios de Atención Domiciliaria están cayendo en picado”, declaran a este medio desde la plataforma SAD de Catalunya.


Por este motivo decidieron escribir una carta dirigida a la alcaldesa, Ada Colau, máxima responsable de estos servicios, que le hicieron llegar tanto a ella como al resto de partidos del consistorio. En primer lugar, querían informarla de “los hechos que están sucediendo con la nueva empresa concesionaria” y por otro le exigen “que tome las medidas necesarias para que sean corregidos de manera urgente”.


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Así, dicen en su carta: “En el mes de abril la empresa Servisar-DomusVI (…) ha cesado de ocupación a trabajadores con contratos de Obra y Servicio justo antes de cumplirse el periodo límite en que tenían que pasar a contratos indefinidos. Por otro lado, el hecho de eliminar trabajadores contrasta enormemente con la información y las quejas que recibimos de usuarios a los cuales se les ha reducido las horas de servicios, siendo como son grandes dependientes”.


Para justificar sus palabras, los usuarios y trabajadores de SAD ponen los ejemplos de “Teresa X, que tiene 93 años y a la cual le han reducido las horas de servicios: de 9h semanales que tenía de Trabajadora Familiar a 6h y de la auxiliar de limpieza de 3h quincenales a 1h 30”.


Por eso, en el documento que han mandado a la alcaldesa Colau y al resto de políticos se preguntan: “¿Cómo es posible que se reduzcan los servicios y a la vez se despida a trabajadores y trabajadoras experimentados? ¿Cómo se entienden las listas de espera mientras se está despidiendo a trabajadores?”.


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Desde la plataforma, informan a Catalunya Press  que “les están llegando bastantes casos de este tipo” y aseguran que tienen en mente “seguir compartiendo más” en redes sociales para visibilizar lo que está ocurriendo. Ellos, junto a Moviment de Residències de Catalunya, son quienes están denunciando, día tras día, la situación.


UNA CONCESIÓN  POLÉMICA


La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, la Mesa del Tercer Sector Social y la Confederación de empresas del Tercer sector criticaron desde el inicio la adjudicación, por parte del Ayuntamiento de Barcelona, de la mitad del servicio de atención domiciliaria a la empresa Servisar, filial del grupo multinacional DomusVi. En España, esta empresa gestiona 25.000 plazas en 198 residencias y centros de atención diurna, además de tener centros privados.


Las entidades cuestionan que se haya adjudicado el contrato, el segundo mayor que convoca el consistorio, a una empresa mercantil. También han alertado de los antecedentes (incluso con multas) de mala gestión en residencias geriátricas de la firma. 


Cabe destacar que en Catalunya en abril de 2020 la Generalitat intervino la residencia Ca n’Amell de Premià (Maresme) tras registrar 24 muertos, que llegaron a ser 84. Además, las entidades señalan que pertenece a un fondo de inversión que tiene filiales en la isla de Jersey. De los cuatro lotes que representan zonas de la ciudad, Servisar ganó dos y los otros dos se los llevó la cooperativa Suara.


La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) se mostró “preocupada” por la adjudicación y ha recordado que DomusVi  “es la principal empresa de gestión de residencias para mayores de España” y durante la primera ola de la pandemia del coronavirus fue muy cuestionada, hasta el punto que varios de sus centros tuvieron que ser intervenidos por gobiernos autonómicos. “Resulta incomprensible que con estos antecedentes se le adjudique un servicio tan como la atención domiciliaria”, lamentan.


Por parte de la Confederación de empresas del Tercer Sector Social de Catalunya, su presidente, Joan Segarra, lamentaba que “una vez más el Ayuntamiento haya adjudicado una parte de la atención domiciliaria a una empresa mercantil, que además parece ser que tiene vínculos con algún paraíso fiscal”. “Ya pasó en 2016 y hubo el compromiso de que no volvería a pasar”, dijo.


Segarra pidió que se articulen mecanismos para que estos servicios puedan ser gestionados por el tercer sector y recordó que está parada la Ley que prevé un marco de acción concertada “para que el tercer sector sea el aliado preferente, asegurando la máxima reinversión de los beneficios públicos y garantizar la calidad”.


En la misma línea, por parte de la Mesa del Tercer Sector Social de Catalunya, su presidenta, Francina Alsina, reclamó que “los cuidados y atención a las personas no queden en manos de las lógicas del mercado, de fondos de inversión que lo único que quieren es conseguir beneficios para enriquecer a sus accionistas y no tienen ningún objetivo de retorno a la sociedad”.


Y los temores y miedos de entonces se han convertido en una cruda realidad con muchos dagnificados porque el tiempo les ha acabado dando la razón. 



MARÍA, LA “ÚLTIMA” AFECTADA


El caso de María es el último que se ha hecho público. La mujer, de 84 años, quiso grabar un vídeo explicando su situación personal. Tiene reconocido un grado de dependencia 2 de caracter permantente -dependencia severa que implica que la persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria, pero no requiere apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal-, además de 3 intervenciones de estómago, y una pensión de 700€/mes. Desde los Servicios Sociales barceloneses le retiraron los servicios de limpieza y de Trabajadora Familiar que tenía y  se han  negado a reasignárselos.


Dependenciasevera

Valoración de la Ley Dependencia de los grados.




La Plataforma SAD  reitera que el caso de María es solo un ejemplo, pero no es un caso aislado puesto que “están deteriorando mucho los servicios de atención a los usuarios al quitarle minutos u horas cuando esto no debería ser así porque vienen determinados por la ley de la dependencia según el grado de dependencia valorado”.


Catalogoservicios ley

Extracto del artículo 15 del Catálogo de Servicios recogido en la Ley de Dependencia.


Pero, además, aseguran que la petición de poner solución a todo lo que está ocurriendo se la solicitan a la alcaldesa Colau porque están convencidos de que no es DomusVi quien tiene la última palabra. En este sentido comentan: "si DomusVi toma estas decisiones, que están aceptadas por los trabajadores sociales, es porque realmente tienen un permiso dado que viene de más arriba".

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