Colau fracasa al imponer que el 30% de todas las obras nuevas de Barcelona sean Viviendas de Protección Oficial

En 2018 el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una normativa que obliga –excepto en contadas ocasiones– a dedicar un 30% de todas las obras de nueva construcción y grandes reformas a vivienda asequible.

Pero desde la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) aseguran que lejos de ayudar, “en el caso de la Ley del 30%, los objetivos del consistorio no se han conseguido". El presidente de la mencionada asociación, Xavier Vilajoana, relata a Catalunya Press que “el número de licencias solicitadas con la inclusión del 30% se podrían contar con los dedos de una mano”.

Foto de archivo - @EP

¿POR QUÉ LA NORMATIVA DEL 30% NO FUNCIONA?

Para él está claro porqué esta normativa del Ayuntamiento no ha funcionado. Por un lado, asegura que uno de los aspectos que influyen en los malos resultados es “la obligación de destinar el 30% de Viviendas Protegidas (VPO) en suelo consolidado”. Vilajoana argumenta que “hay barrios/distritos de Barcelona donde el propio mercado no lo acepta”.

“El número de licencias solicitadas con la inclusión del 30% se podrían contar con los dedos de una mano” 

En esta línea, explica que se han “encontrado en numerosas ocasiones que el cliente final, es decir, el usuario o comprador, no está dispuesto a irse a vivir a un barrio donde el ‘coste de la vida’ es superior a sus expectativas. Quizá puede permitirse la compra de la vivienda VPO pero algunos colaterales como IBI, gastos de comunidad, los colegios próximos etcétera son una carga demasiado alta para su habitual día a día”.

Por otro lado, Xavier Vilajoana considera que también influye de forma negativa “la obligatoriedad de destinar este 30% en obra nueva y rehabilitaciones de más de 600 m2”. El presidente de la APCE relata que “los 600m2 son un metraje muy pequeño para que los costes puedan soportar un 30% de limitación del precio de venta. Cuanto más pequeña es la obra, existe una mayor repercusión de coste por metro cuadrado edificado”. Para dejarlo más claro, ejemplifica: “Cuesta lo mismo el montaje, alquiler y desmontaje de una grúa para una obra de 600m2 que para una de 2.500m2”.

Finalmente, Vilajoana nombra la “disminución directa del valor de la edificación existente” como el tercer factor que influye en este poco éxito de la normativa implementada por el consistorio de Barcelona. Explica que “cualquier propietario de un edificio de a partir de 600m2 ha perdido un 30% de su valor en caso de que quiera rehabilitar y mejorar las condiciones del edificio”.

En este sentido, argumenta que “esto supone y supondrá un envejecimiento de un parque de viviendas ya de por sí muy antiguo, sobre todo en los barrios más céntricos de la ciudad”. Así, opina que se encuentran en “un momento de gran necesidad de adecuar los edificios a un nuevo modelo de eficiencia y sostenibilidad y la ley no ayuda –recalca– en nada en este sentido".

Por todo esto, el presidente de esta asociación en la que participan alrededor del 90% de promotores de Catalunya, explica que muchas empresas que antes edificaban en Barcelona ahora invierten en ciudades del Área Metropolitana o en Madrid.

¿CÓMO DEBERÍA DE HACERSE LA VIVIENDA ASEQUIBLE?

Xavier Vilajoana asegura que los promotores no están en contra de hacer vivienda asequible, pero que esta debería hacerse de manera adecuada y en el momento adecuado. De hecho, afirma que los promotores, en los últimos años, han “realizado y puesto a disposición de los ciudadanos el 90% de pisos de VPO que se han construido”.

Sin ir más lejos, su compañía es “especialista en la promoción de VPO, tanto en venta como en alquiler”. De hecho, asegura que el 80% de sus ventas lo son. “Los hemos hecho siempre –recalca–, pero utilizando el sentido común y el conocimiento y experiencia acumulada en ello. El nuestro es un sector que siempre se adapta a los cambios normativos hechos con sentido, pero sobre todo con consenso”, dice.

En esta línea continúa: “No puede ser que se legisle obviando los argumentos de un sector que precisamente tiene la máquina productiva: ¡Sin nosotros, que representamos a casi el 90% de los promotores de Catalunya, no se hacen viviendas! Es totalmente absurdo pretender que, a golpe de Ley, a golpe del ordeno y mando, los promotores vayan a realizar promociones inviables. La realidad nos lo demuestra cada día y de ahí los resultados de la Ley”.

“No puede ser que se legisle obviando los argumentos de un sector que precisamente tiene la máquina productiva: ¡Sin nosotros, que representamos a casi el 90% de los promotores de Catalunya, no se hacen viviendas!"

Por su parte, tiene claro que existen diferentes alternativas a esta ley, que para él tienen más sentido y podrían funcionar mucho mejor. Por eso, relata que ya las están comentando y trabajando con el consistorio.

Estas propuestas consisten, en primer lugar, en “aumentar la ratio de los 600m2 a 2.500m2”. Por otro lado, quieren “poder ‘monetizar’ la obligación del 30% a través de tasas, impuestos etcétera. De esta forma, el Ayuntamiento podría ir generando una ‘bolsa’ de dinero para poder realizar ella misma viviendas de VPO o viviendas sociales donde el mercado lo requiera”.

Además de esto, Vilajoana considera una buena alternativa “intercambiar los m2 de techo del 30% en otras zonas del distrito o incluso de la ciudad”, aunque piensa que se trata de algo “más complicado, pues requiere tener ‘atados’ dos suelos al mismo tiempo”.

Finalmente, solicitan “no mezclar obra nueva y rehabilitación” porque, según dice, “aunque no lo parezca son dos segmentos del sector muy diferentes, con casuísticas muy diversas y que no pueden equipararse de ninguna manera”. Quieren “profundizar en el caso de la rehabilitación porque debe tener un tratamiento propio y exclusivo”, comenta a este medio.