Españoles con nacionalidad saharaui

Hace pocos días los medios de información demostraban que todo el revuelo provocado por la entrada en España de Brahim Ghali para su internamiento en un centro sanitario de Logroño había estado injustificado. Con o sin pasaporte, Ghali tenía perfecto derecho a acceder a nuestro país por la sencilla razón de que también es el suyo, puesto que goza de la condición de ciudadano español. Sí claro, también es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, algo que no debe sorprendernos, pues no es el único caso de dirigente político africano en ejercicio que ha querido conservar la nacionalidad de la antigua potencia colonial. En el caso del Sáhara Occidental, con mucha más razón porque los saharauis han mantenido siempre con España vínculos de identidad muy profundos como resultado de una colonización ciertamente atípica.

Marcha saharaui en la Puerta del Sol @ep

En efecto, dicen los saharauis -y no yerran- que España se estableció en su territorio en virtud de un pacto con la población autóctona. Hay que remontarse al siglo XIX para constatar que no fue el gobierno de Madrid el que, en plena efervescencia del expansionismo colonial europeo en África, fomentó el establecimiento del primer asentamiento español en las costas saharianas, sino la iniciativa de una entidad civil de carácter africanista, la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, luego Sociedad de Geografía Comercial, la que lo promovió y no con finalidades políticas o militares, sino científicas y comerciales. Siguió luego una penetración lentísima que no culminó hasta los años treinta del siglo pasado y en la que nunca se disparó un tiro, lo que acredita la anuencia expresa o táctica de las cabilas autóctonas. Más tarde el Sáhara se convirtió incluso en una provincia y los saharauis en ciudadanos españoles, condición de las que se les desposeyó indebidamente en 1976 y que han venido reclamado por vía judicial durante casi medio siglo. Con éxito, puesto que son ya cientos, sino miles, los que han podido recuperar la nacionalidad con la que habían nacido.

Esta simbiosis humana tiene también su reverso en el caso de algunos ciudadanos de origen metropolitano cuya identificación con la causa saharaui ha sido tan profunda e íntima que la República Árabe Saharaui Democrática les ha otorgado la nacionalidad de su país. Hay dos ejemplos beneméritos y en ambos casos se trata de coroneles del Ejército español, ya fallecidos. El uno, José Ramón Diego Aguirre, fue funcionario del gobierno colonial y estuvo adscrito al Servicio de Información y Seguridad, pero producida la fallida descolonización, se convirtió en firme defensor de los derechos del pueblo saharaui y en fecundo investigador de su historia, cuya obra es de consulta imprescindible. El otro, Javier Perote Pellón, permaneció durante muchos años ejerciendo su profesión castrense en aquel territorio y fue luego uno de los más eficaces promotores en España de los movimientos de solidaridad con el pueblo saharaui. Las cenizas de Diego fueron esparcidas por Tifariti, en los territorios liberados de la RASD y sobre el ataúd de Perote, inhumado hace pocos días, estaba la bandera saharaui.

Y ya que evocamos a dos coroneles, nos falta un tercero que no ha recibido todavía ese mismo reconocimiento, pero al que consideramos tan merecedor del mismo como los citados. Se trata de Luis Rodríguez de Viguri Gil, último secretario general del gobierno del Sáhara español y gobernador en funciones, que fue quien preparó todo el soporte legislativo que hubiera permitido el tránsito pacífico y ordenado del régimen colonial a la independencia. Fue el redactor de las leyes de bases de la nacionalidad saharaui, la justicia cheránica, la educación, la pesca, el Estatuto de Funcionarios y muchas otras normas que se presentaron y fueron aprobadas por la Yemaa General. Emprendió además la incorporación de los saharauis a los puestos de gobierno del territorio, inició el proceso de arabización de la enseñanza, convirtió en maestros a muchos soldados que cumplían su servicio militar y creó el Centro de Estudios Árabes y el Instituto de Cultura del Sáhara que exhumó documentación con la que los diplomáticos españoles defendieron ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya la ancestral independencia de las cabilas saharauis de toda autoridad foránea.

A Rodríguez de Viguri Viguri le destituyó fulminantemente el gobierno de Arias Navarro por criticar con valentía el desafuero que había cometido al haber traicionado sus compromisos con los saharauis, lo que le provocó además problemas y sinsabores personales, incluso entre sus propios compañeros de armas. No nos cabe la menor duda de que sería un acto de justicia, no por tardío -también ha fallecido- menos merecido, que, como en el caso de Diego y de Perote, recibiera de la RASD el mismo reconocimiento que estos.

¡Qué maravilloso ejemplo el de estos militares españoles que, sin restar un ápice de su la fidelidad a la bandera que juraron, supieron asumir también como propia la de aquel territorio que, habiendo alcanzado la madurez, quiso convertirse en un país independiente! Por cierto, el único país árabe que habla español.