El juez comunica a los CDR de la 'Operación Judas' su procesamiento por presunta organización terrorista

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha comunicado este martes a seis de los trece imputados su decisión de procesarlos a todos por un delito de pertenencia a organización terrorista como presuntos miembros de un núcleo radical de los Comités de Defensa de la República (CDR) que supuestamente estaba dispuesto a usar la violencia para conseguir la independencia de Catalunya.

Concentracio CDR @EP

Estaba previsto que los trece procesados comparecieran esta semana de forma telemática ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, en una ronda de declaraciones indagatorias cuya única finalidad es comunicarles el auto dictado el pasado 14 de septiembre con el que les situó a un paso del banquillo de los acusados.

Según las fuentes jurídicas, este martes han comparecido telemáticamente ante García-Castellón seis procesados, a los que el jueves seguirán otros seis y un último el viernes.

La organización de la izquierda independentista Alerta Solidària ha convocado manifestaciones a las puertas de los juzgados de Mollet del Vallès (Barcelona), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Sabadell (Barcelona) y Vic (Barcelona), adonde se espera que acudan presencialmente los imputados.

EQUIPO DE RESPUESTA TÁCTICA

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el magistrado procesó a los trece por presunta pertenencia a organización terrorista y a nueve de ellos les imputó además un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

En el auto de procesamiento, el juez indicó que este grupo formaba dentro de los CDR el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una supuesta célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.

Según el instructor, la creación del ERT vendría motivada por la necesidad de contar en el seno de los CDR con un grupo clandestino formado por individuos de la máxima confianza que se mostraran totalmente entregados a "la causa" para encargarles las acciones más sensibles.

Todos los investigados, señaló García-Castellón, comparten principios ideológicos y objetivo: conseguir la independencia de Catalunya, supuestamente empleando para ello la violencia en su máxima expresión.

OCUPACIÓN DEL PARLAMENT

De acuerdo con el relato judicial, los miembros del ERT habrían tenido participación activa en algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha, como cortar carreteras, levantar barreras de peajes o verter aceite en el tramo de la C-55 por donde debía pasar la comitiva que trasladaba a los condenados por el 'procés' desde la cárcel de Lledoners (Barcelona).

También tendían ambiciosos planes, de acuerdo con la investigación. Así, habrían asumido el encargo que habrían recibido del denominado 'CNI catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria para ocupar el Parlament, defenderlo una vez tomado y permanecer allí al menos una semana.

Entrarían por la puerta principal, porque supuestamente se les facilitaría el acceso desde el interior, y se comunicarían con el exterior mediante una red de telecomunicaciones indetectable que configurarían ellos mismos.

Junto a un reducido grupo de personas, cooperarían con el 'CNI catalán' para alquilar las casas y los locales que les permitirían establecer bases de "intendencia", montando antenas de larga distancia para dicha red de telecomunicaciones. Todo ello con un presupuesto de unos 6.000 euros.

De esta forma, los trece procesados, presuntamente aprovechándose de los contactos propiciados por su militancia en los CDR, "se constituyeron en una célula que elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior".

PREPARABAN ATENTADOS CON EXPLOSIVOS

El juez subrayó que habrían superado los CDR hasta configurar "una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares".

Además del Parlament, tenían en el punto de mira otros objetivos. Habían hecho vigilancias, fotografías y vídeos de diversas instalaciones, entre las que el instructor menciona la Comandancia Naval, el Gobierno Militar y la Delegación de Gobierno de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

García-Castellón prestó especial atención al reconocimiento del perímetro del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, sito en el municipio de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que uno de los investigados, Jordi Ros, habría llevado a cabo en mayo de 2019 junto a su pareja sentimental Montserrat Casas Climent.

Asimismo, destacó que Ros habría realizado diferentes búsquedas en Internet a través de sus dispositivos de datos relativos a personas vinculadas a partidos políticos contrarios a la independencia y de un agente de los Mossos d'Esquadra.