Fianza de 1,5 millones de euros al exalcalde socialista de Reus por el caso Innova

Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus tendrá que hacer frente al pago de una fianza civil de 1,54 millones de euros impuesta por el juez del caso Innova por el pago de facturas falsas al arquitecto Jorge Batesteza, un alto cargo del Servei Català de Salut en el proyecto de construcción del hospital Sant Joan de Reus. 

El juez del caso Innova, en un auto hecho público este viernes por la tarde, da por finalizada la pieza separada número 2 en la que atribuye a ocho imputados los delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude a la administración, blanqueo y falsedad documental. Entre estos imputados, además del propio Pérez, están el arquitecto Batesteza; su mujer, Silvia Barberá; el exdirector de Innova, Josep Prat; la exdirectora financiera de la empresa municipal de Reus, Ester Ventura; y otros tres funcionarios y empresarios.

En el punto de mira de las investigaciones está la supervisión del nuevo hospital de Reus, Sant Joan de Reus, una obra que se financió por el CatSalut y que alcanzó la cifra de 100 millones de euros. Batesteza, que hasta el 31 de mayo de 2007 fue un alto cargo del servicio catalán de salud, firmó cuatro días después de dejar dicho cargo un contrato con Innova para "realizar funciones de asesoramiento" durante las obras por 9.000 euros mensuales.

De esta forma, el juez considera que Pérez, Prat y Ventura -a los que denomina el "núcleo duro de Innova"- contrataron a Batesteza por su contactos privilegiados con el CatSalut ya que, tal y como constata el auto, esta contratación estuvo llena de irregularidades. En primer lugar, se omitió por completo sacarla a concurso público y se adjudicó a dedo; el arquitecto, según las consideraciones del juez, nunca llegó a realizar los trabajos ya que, como pone de ejemplo, solo entregó cuatro informes mensuales mientras cobró 43 facturas por este concepto; y, además Batesteza cargó más de 30 facturas por casi 9.000 euros más por gastos de desplazamientos.

Pero las irregularidades no acaban aquí. En 2009, dos años después de ser contrato por Innova, Batesteza también lo fue por una UTE a la que el Ayuntamiento de Reus pagó para supervisar las obras del hospital. De esta forma, el arquitecto acabó cobrando otros 186.000 euros "por supervisarse a sí mismo" en un caso de "colosal esquizofrenia contractual", según suscribe en el auto el juez Diego Álvarez de Juan.

En el mismo, Álvarez de Juan también considera que Pérez, Prat, Ventura y la también directiva de Innova Natalia Torrell incurrieron "en una falta de control grosera del dinero público" y "colaboraron con Batesteza para que pudiera emitir [y cobrar] facturas falsas y contratos con contenido simulado para ocultar el origen delictivo de los trabajos cobrados". El excalde socialista de Reus se lleva la peor parte ya que según se desprende del auto, su participación en los hechos "es más que esencial, decisiva y determinante para la producción del ilícito penal". El papel de Batesteza también merece el reproche del instructor, que considera que "en el momento de los hechos tenía un conocimiento privilegiado de los procedimientos de contratación pública" tras su paso por el CatSalut.

Por tanto, y teniendo en cuenta todos estos hechos, el juez impone fianzas millonarias a los acusados. Natalia Torrent y el empresario José Vicente Rebollo deberán, al igual que Pérez, depositar 1,54 de fianza para hacer frente a las posibles responsabilidades. Silvia Barberá, esposa de Batesteza, 870.00 euros y el resto de acusados, 560.000 euros. A Prat, Ventura y Batesteza el juez ya les había impuesto 1,5 millones de fianza en fases previas de la instrucción. Además, da hasta el próximo 10 de septiembre a las acusaciones para que pidan las penas para los acusados y soliciten la apertura de juicio oral.