La renovación viciada de los órganos constitucionales

En los últimos meses se ha hablado mucho de la crisis y el desprestigio de los altos órganos de nuestro estado de derecho. El irresponsable bloqueo del consenso parlamentario para la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas es más grave para la democracia española que otros acontecimientos que la han sacudido recientemente, como el desafío independentista del gobierno catalán o los ocultos negocios del rey emérito.

La solidez y el prestigio ante los ciudadanos de la Justicia es la garantía básica con la que la ciudadanía cuenta para sentirse protegida por las instituciones del Estado. Si se desmorona esta confianza se deteriora el sistema político y se desvanece la seguridad jurídica. Sin la exigencia del respeto a la ley, igual para todos, sin favoritismos y sin interferencias de los agentes políticos, no es posible ver con optimismo el futuro de España.

Tribunal Constitucional @ep

Tengo la percepción de que muchos conciudadanos que en su día vivimos con esperanza la transición desde la dictadura, estamos perplejos por lo que nos está pasando. No damos crédito a que se desmorone lo construido con tanto esfuerzo como consecuencia de unas larvadas guerras fratricidas que subyacen en el comportamiento de la clase política de nuestro país.

Somos capaces de soportar con estoicismo los desastres de la naturaleza, como el azote de la pandemia e incluso la erupción del volcán de la isla de La Palma. Estamos convencidos que saldremos de estos desastres. Sin embargo, nos deja sin sueño la deriva a la que nos conduce la ineptitud, la falta de sentido de Estado y la mediocridad de una buena parte de nuestros representantes en las instituciones políticas que socavan sin pudor las bases de la democracia. ¿Qué imagen se está ofreciendo a las futuras generaciones?

La última ocurrencia que ha tenido el jefe de la oposición es la de retar al presidente del gobierno para que, de inmediato, se repartan entre ellos, amigablemente, algunos de los cargos del TC y del Tribunal de Cuentas entre ellos. Así, mientras se toman un café en un reservado de la cantina del parlamento. Los dos mano a mano.

Si alguna cosa buena ha tenido esta prolongada crisis constitucional -que lo dudo-, es que ha puesto de relieve que los nombramientos para tan altas magistraturas del Estado no pueden ser objeto de chalaneo ni se deben repartir los cargos entre los gregarios de mayor confianza de cada uno de los líderes o de las cúpulas de los dos partidos mayoritarios. La constitución señala, y debe ser un requisito insoslayable, que estos cargos recaigan en personas que reúnan las condiciones esenciales de igualdad, mérito y capacidad, para desempeñar tan importantes responsabilidades con absoluta independencia, y sin interferencias políticas. Esto es lo que ha dicho el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, y la Unión Europea.

Pero no hacía falta que se nos recordara desde el ámbito internacional. Lo que dice el ordenamiento jurídico español es suficiente: las personas que sean designadas para ocupar los plazas del TC han de ser elegidas por el congreso, cuatro, por el senado, otras cuatro, todas ellas por mayoría de tres quintos, más dos por el gobierno y otras dos por el CGPJ. Las plazas del Tribunal de cuentas se eligen también por las dos cámaras, seis por cada una de ellas, y también por mayoría cualificada. Esto quiere decir que los candidatos se han de someter al escrutinio de todos los parlamentarios. No que “los repartamos usted y yo” en un cuarto de hora, en una mesa camilla.

Todos los parlamentarios tienen derecho a proponer a sus candidatos y la ciudadanía tiene derecho a conocer a quién propone cada partido, por qué se le designa, qué trayectoria profesional tiene, qué capacidades y méritos ha acumulado para desempeñar estos cargos y, esencialmente, qué garantías tiene de que lo desempeñará con responsabilidad e independencia. Únicamente así se prestigiarán las altas magistraturas del Estado.

Lamentablemente nos hemos habituado al reparto por cuotas de los partidos con la finalidad de colocar en estos puestos a personas que muchas veces, salvo muy contadas excepciones, han sido fieles escuderos. Candidatos con el mandato de trabajar para quien los ha designado. No nos escandalizamos por este modus operandi. Se han llegado a cubrir plazas por familiares, correligionarios, o amigos a quienes se le debían favores. Es decir, hemos regresado a una España del caciquismo y del nepotismo que creíamos superada.

Con este panorama no entiendo que algunos de estos políticos se extrañen de que haya alguien que se quiera bajar de este tren. Pero esa es otra historia.

Lo urgente ahora no es solo que se renueven todos los órganos constitucionales, incluido el CGPJ, sino que nos expliquen con absoluta transparencia a quién proponen, por qué y qué garantías vamos a tener los ciudadanos de que ustedes, señores líderes de los partidos que nos representan, no van a interferir en su independencia. Si así lo hacen, empezaremos a recobrar una confianza que en estos momentos han conseguido resquebrajarla.