Agria polémica en el Senado sobre el traslado o no de la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana

Jefatura de Via Laietana / EP

Después de muchas manifestaciones, ataques y reclamaciones, el tema ha llegado a la política española. La moción popular para mantener operativa la Jefatura de Policía Nacional de la Via Laietana de Barcelona ha provocado este miércoles en el Senado un agrio debate en el que ha salido el franquismo, la represión policial del referéndum independentista, los presos de ETA y las torturas en la época franquista.

El senador popular, Francisco Cañizares, abría la sesión calificando de "desastre" al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. "No se trata de un edificio, sino de una cesión ante los que llaman fuerzas de ocupación a las fuerzas de seguridad del Estado. Con eso no se juega, aunque se tengan que sacar adelante unos presupuestos"que, ha dicho, deberían llevar el nombre" de los doscientos asesinos".

Con ello se refería a las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien después de haber pedido perdón a las víctimas de ETA el martes -no de manera literal-, ha sido citado en numerosos medios de comunicación este miércoles por unas palabras posteriores en las que señaló que "si para sacar de la cárcel 200 presos de ETA hay que votar presupuestos, los votaremos".

Precisamente a las mismas palabras se ha referido el expresidente del Gobierno, Felipe González, que ha afirmado que el líder de EH Bildu "no tiene perdón", ya que es "inaceptable" que quiera "cambiar presos por Presupuestos".

Otegi: "Si para que salgan los 200 presos hay que votar los presupuestos, los votaremos" 

UN DEBATE POLÉMICO EN EL SENADO

Volviendo al debate, el senador socialista, Raúl Díaz Marín, ha intervenido defendiendo que "hay Marlaska para rato, pero rato del bueno, no del suyo, que terminó en la cárcel", aludiendo al exvicepresidente popular hoy en prisión, Rodrigo Rato.

Antes, Díaz Marín se había referido a los acercamientos de presos etarras llevados a cabo por el exministro Mayor Oreja, los recortes de personal en Policía y Guardia Civil del PP, o los ceses por parte del PP de la cúpula policial del exministro socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que "acabó con ETA".

Entre estas dos intervenciones ha habido otras, con recuerdos al pasado torturador de esta comisaría durante el franquismo (Josep Lluís Cleries, del PdeCAT, a quien el senador popular, Fernando Martínez Maíllo, ha recordado que a su abuelo lo mataron "los franquistas"), o calificaciones de "fuerzas de ocupación" a las fuerzas de seguridad por parte de la senadora de ERC Adelina Escandell, que ha recordado la represión del referéndum independentista.

UN CENTRO MEMORIAL DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA

Por su parte, ERC, Barcelona en Común y JxCat han vuelto a reclamar este miércoles al Gobierno central que reconvierta la prefectura en un centro memorial de la represión franquista. Así lo ha recogido una proposición presentada por el grupo republicano en la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona.

El texto, transaccionado, pide instar al gobierno municipal a exigir al español la reconversión del espacio manifestando que es incompatible que el edificio sea utilizado como memorial y a la vez como jefatura de la policía. El PSC, socio de BComú al gobierno, se ha abstenido. El resto de grupos, Cs, PP, Barcelona pel Canvi y la concejala no adscrita, han votado en contra.

EL CONSTITUCIONAL INVESTIGA LOS HECHOS DE 2019

Todo esto ha pasado una semana después de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera investigar si la Policía Nacional torturó el menor G. P.C. tras detenerlo ante la Jefatura de Barcelona en octubre del 2019 en las protestas por la condena a la cúpula del "procés", al ver "precipitado" el archivo de su querella contra ocho agentes.

Así lo sostiene la sala segunda del TC en una sentencia en la que da la razón al joven independentista, retenido cuando salía corriendo tras una sentada de protesta, y deja sin efecto el archivo que decretó el juzgado de instrucción 11 de Barcelona y avaló la Audiencia de Barcelona a su querella por torturas, lesiones leves y contra la integridad moral.

El joven, que se hizo popular con el sobrenombre del "chico de la sudadera naranja" por la ropa que llevaba, denunció que los agentes le golpearon en la carga policial que desembocó en su detención, que supuso según él en "un uso desproporcionado de la fuerza para su reducción".