El "posible" futuro de Laura Borràs como presidenta del Parlament está en manos de los grupos políticos

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La Mesa del Parlament ha decidido este martes que corresponde a los grupos parlamentarios recoger la propuesta de reforma del reglamento de la Cámara, que plantean los servicios jurídicos en un informe, y presentarla en comisión si lo consideran, ya que el órgano director del Parlament cree que no es competente para llevar este asunto a comisión.

Lo han dicho fuentes parlamentarias, después de que la Mesa haya tratado el informe de los servicios jurídicos que, entre otras propuestas, plantea suprimir el artículo 25.4, que establece la suspensión de un diputado cuando se le abre juicio oral por una causa relacionada con la corrupción, una modificación que podría beneficiar a la presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, en su litigio por las presuntas irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Este artículo establece que en esos casos, la Mesa, "una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".

"Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, hace falta el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados", añade el redactado actual del artículo.

Las mismas fuentes consultadas han sostenido que son los grupos los que deben decidir si "hacen suyo el informe de los servicios jurídicos" y pedir que se convoque la comisión de reforma del reglamento del Parlament, pero aseguran que la Mesa no tiene capacidad de iniciativa política para instar a que se convoque esta comisión.

"Para que esto tenga algún tipo de recorrido algún grupo tendría que entrarlo a registro. En comisión se tratan las cuestiones, pero le debe llegar algún texto concreto de algún lugar", han añadido.

"PROPUESTAS DE MEJORA"

La Mesa acordó por unanimidad pedir este informe a los letrados en su reunión del 1 de septiembre en Tornabous (Lleida), porque consideraba que "había propuestas de mejora técnica y lingüística" del Reglamento del Parlament -cuya última reforma fue en 2017-.

Sin embargo, algunas fuentes parlamentarias señalan que "el documento ha ido mucho más allá del encargo hecho por la Mesa y que se han introducido elementos problemáticos".