Jugar en primera división

Lluís Rabell
Traductor, activista y político

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la conferència organitzada per Barcelona Tribuna a la Casa Seat

Pere Aragonès hablando en una conferencia | @EP


Ya van dos veces. Definitivamente, se ha roto una tradición – algunos dirán “un tabú” – de la izquierda alternativa catalana, que nunca había votado los presupuestos de un gobierno nacionalista desde el restablecimiento de la Generalitat. Los comunes han vuelto a facilitar con su abstención la aprobación de las cuentas del Govern – ahora, bajo la presidencia de Pere Aragonès; anteriormente, lo hicieron durante el mandato de Quim Torra. El gesto reviste una innegable trascendencia por muchas razones, algunas menos evidentes que otras… aunque no necesariamente de menor importancia.


A poco que se examinen los presupuestos para el 2022, se aprecia que, más allá de la retórica justificativa, la incidencia de las enmiendas introducidas por la negociación ha sido poco relevante en cuanto a la orientación general y las prioridades de las cuentas. A pesar de la dura experiencia de estos últimos años, el gasto sanitario dedicado a la atención primaria (16%) ni siquiera se ajusta a las recomendaciones de la OMS (un 25% de los recursos del departamento).


Por no hablar de la reducción de partidas como la destinada a la Renta Garantizada de Ciudadanía en un momento en que los indicadores de pobreza alcanzan cotas alarmantes. Tampoco se aprecia ningún giro en una cuestión tan trascendental como la generación de energía: Catalunya sigue dando la espalda a las renovables y acrecienta su dependencia. Ni siquiera algunas enmiendas concernientes a la limitación de licencias de apartamentos turísticos, muy esperadas por parte del Ayuntamiento de Barcelona, han salido adelante, al incorporar in extremis JxCat y ERC una auto-enmienda que anulaba el texto anterior por deficiencias en su formulación jurídica.  


No. Estos presupuestos no han encontrado apoyo en la izquierda por su carácter “social”, ni por haber incorporado cambios sustanciales a su diseño inicial. La verdadera motivación y los entresijos del acuerdo han sido de orden eminentemente político. Se trataba, por un lado, de forzar un cambio de cromos con ERC en el Ayuntamiento de Barcelona. Y ese objetivo se ha logrado: Ernest Maragall, apenas una semana después de anunciar su rechazo a los presupuestos municipales, se veía obligado a arriar la bandera del “no” – y, con ella, acaso sus aspiraciones a la alcaldía. Para ERC, la prioridad era reforzar la posición de Pere Aragonès, que el portazo de la CUP había situado en la cuerda floja. Por otro lado, se trataba también de facilitar el apoyo de ERC a los PGE en el Congreso de los Diputados. Lo que igualmente se produjo, tras los escarceos de rigor en torno a la presencia del catalán en las producciones audiovisuales.


Es cierto que Junts ha hecho algunas muecas de disgusto ante el acuerdo con los comunes, insistiendo en que había que mantenerse en sintonía con la CUP. Pero, una vez más, el contenido de los presupuestos propiamente dichos tenía poco que ver en el asunto. Los de 2022 no prefiguran un “modelo de país” distinto. El mayor volumen en los ingresos consignados se debe fundamentalmente a las transferencias del Estado y a la llegada de los fondos europeos. JxCat puede dar hoy a entender que la compañía de los comunes le produce urticaria, pero Quim Torra bendijo en su día los tratos anteriores con ellos. Aquí también, nos hallamos ante una cuestión estrictamente política: ERC está zafándose del control de la derecha nacionalista y trata de afianzarse en el poder. Ese es el problema: la sorda disputa por el control de los recursos autonómicos prosigue. De eso van las nuevas entregas del culebrón del “procés”, con ERC tratando de marcar el tempo de la política catalana, de ocupar su centralidad… y Puigdemont amagando con un nuevo momentum de rebeldía.


Pero hay otras vertientes de este pacto. Y también contradicciones cuyo alcance está aún por ver. Objetivamente, certifica la inexistencia de una mayoría independentista operativa. El acuerdo con los comunes lo demuestra… sin un dramatismo excesivo. ERC no está en condiciones de dar el paso hacia una negociación directa con el PSC, algo que tarde o temprano será el camino obligado hacia una reconducción del desgarro provocado por el “procés” en el seno de la sociedad catalana. Pero, aunque representen una fuerza parlamentaria similar, los comunes no son lo mismo que la CUP, no son piezas intercambiables.


De algún modo, el pacto presupuestario podría ser la primera etapa de un cambio de paradigma, el preludio de una ruptura del bloque independentista y de la configuración de una nueva mayoría, que debería integrar necesariamente a la socialdemocracia. Pero eso es todavía una hipótesis, sujeta a muchas turbulencias sociales y políticas. El PSOE ha visto con buenos ojos un acuerdo que facilitaba los tratos del gobierno de izquierdas con ERC. Y, a pesar de su aparente marginación, tampoco le va del todo mal al PSC que los comunes se abonen a unos presupuestos que permiten a los socialistas hacer una severa crítica de los mismos desde la izquierda. No olvidemos que una gran responsabilidad pesaba sobre las izquierdas: sin presupuestos, no había manera de implementar la llegada de los fondos europeos – algo difícilmente asimilable por la opinión pública. De no haberse producido el acuerdo con los comunes, el PSC se habría sentido obligado a abstenerse, a pesar del malestar que eso pudiera provocar en sus filas.


La izquierda tiene prisa por normalizar la política catalana. Quizá demasiada. Un ejemplo: finalmente, los partidos del govern y el PSC han pactado la composición de toda una serie de organismos públicos cuya renovación estaba pendiente desde hace años. Pues bien, el acuerdo, designando a personalidades tan marcadas por su radicalismo nacionalista – como Xevi Xirgo, propuesto por Junts, que estará al frente del Consell Audiovisual de Catalunya -, ha terminado asemejándose más a un reparto de sillas que a un pacto para recuperar una anhelada neutralidad en los medios de comunicación de titularidad pública. TV3 sigue siendo un altavoz sectario de propaganda independentista.


No será fácil el “aterrizaje” del independentismo –  o de una franja significativa del mismo. A pesar del fracaso de 2017, ERC y Junts siguen cautivos de la retórica del “procés”, vigilándose mutuamente. Un cambio de escenario depende de que la izquierda haga insoslayable un polo de inspiración federalista, capaz de proponer a la sociedad un contrato atractivo: una mejora del autogobierno, de su financiación y del reconocimiento de la singularidad catalana, combinada con ámbitos de cogobernanza en España y de presencia en Europa. En una palabra: un nuevo pacto de convivencia, llamado a ser refrendado por la ciudadanía. Pero aún no estamos ahí, ni mucho menos. 


La guerra permanente entre los hermanos enemigos nacionalistas será un obstáculo. Pero las torpezas por parte de la izquierda también pueden retrasar esa salida de la crisis. ERC ha preferido entenderse con los comunes, en parte cuando menos, porque sus ambigüedades anteriores hacían menos ostensible el fiasco de la mayoría del 52%. Pero también por otra razón, a la que los comunes deberían prestar atención: ERC ha detectado las ganas que tienen de jugar en primera división, con los grandes. Es peligroso olvidar que, en política, el tamaño importa. Y lo es aún más no tener presentes algunas enseñanzas de la historia del movimiento obrero: otros partidos mayores, ninguneados durante mucho tiempo desde las instituciones, fueron un día “recibidos en palacio” y tomados en consideración. De pronto, se sintieron una fuerza capaz de marcar el destino de la nación, sin ver que la notoriedad bruscamente adquirida tenía más de maniobra y cálculo de seducción por parte de sus adversarios de toda la vida que de reconocimiento. La idea de componer una nueva mayoría con dos grandes partidos nacionalistas, tirando de ellos hacia la izquierda con la energía de ocho diputados, es mera ilusión. No hay astucias tácticas que anulen las correlaciones de fuerzas.



Por su propio bien – y el de toda la izquierda – los comunes deberían vigilar el terreno que pisan. Su electorado no es el de la CUP, cuyo radicalismo adolescente es bien recibido entre los treintañeros de  las clases medias altas. La izquierda necesita asentar su influencia sobre la clase trabajadora. Las habilidades tácticas, el billar presupuestario a tres bandas y otras astucias pueden gustar a las franjas más cultas y politizadas del electorado progresista. Pero es dudoso que la reiterada aprobación de unos presupuestos que no se traducen en la mejora de los servicios públicos, ni de sus condiciones de vida, suscite el entusiasmo de los sectores sociales más desfavorecidos. Conviene no perder de vista el horizonte estratégico, para evitar tropiezos. Ya lo cantaba en su día Raimon: “Si dius que hi ha qui ha resistit la tortura/ i no ha resistit l’adulació,/ t’entendran?”. Ojalá entienda quien corresponde.

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