Las acusaciones tendrán que probar que Millet y Montull se apropiaron de 900.000 euros
del juicio para resolver unas cuestiones previas planteadas por sus abogados. En este caso Hotel Palau también pasarán por el banquillo diferentes ex altos cargos del Ayuntamiento barcelonés y el arquitecto implicados en el fallido proyecto de la construcción del hotel. El caso del Hotel es una deriva judicial de otra causa el saqueo del Palau y que todavía está pendiente de juicio oral.
El juicio se celebra en la Audiencia de Barcelona, dentro de la sala polivalente del Palau dela Justicia. Se prevén cinco semanas de proceso oral en las que se celebrarán sesiones de lunes a miércoles hasta el 26 de marzo. Tras la declaración de los acusados en esta primera semana, será el turno de los testigos entre los que están citados a declarar políticos y ex altos cargos dela Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La última semana será para presentar las conclusiones y los informes periciales y finales. Entonces, quedará visto para sentencia.
En el proyecto para la construcción del hotel junto al Palau, supuestamente Millet y Montull hicieron uso de sus contactos para conseguir cambiar la calificación urbanística de las fincas haciendo una permuta con una propiedad d la Generalitat. La acusación popular de la Associació de Veïns de la Barcelona Vella van de la mano del fiscal en este proceso y aseguran que los ex dirigentes del Palau se embolsaron 900.000 euros de comisión por la operación de venta de los terrenos a Olivia Hotels. Además, Millet y Montull ocultaron intencionadamente que ya no era el Palau el propietario de los terrenos.
La pericial efectuada por los técnicos de la Agencia Tributaria acredita la salida de importantes cantidades de dinero en efectivo de las cuentas del propietario de Oliva Hoteles, propietario final de las fincas de Sant Pere Més Alt, pero no que éstas fueran entregadas a los gestores del Palau.
Como testigos, sí que están citados a declarar en la segunda semana del juicio Antoni Castells, ex Conseller de Economía d ela Generalitat, o Immaculada Turú, antigua Directora General de Patrimonio, entre otros. Carles Díaz, arquitecto del proyecto, Ramon García-Bragado, que fue regidor de urbanismo, Ramon Massaguer, ex gerente de urbanismo, y Enric Lambíes, ex director jurídico de urbanismo e infraestructuras, todos en el Ayuntamiento de Barcelona, actuaron de acuerdo a la legalidad vigente según sus respectivas defensas.
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