En total, 7.640 nuevas personas solicitaron el año pasado ser inscritas en el registro de interdicciones del juego online. Esto supone que la cifra global de personas que han pedido que se le prohíba acceder a juegos de azar a través de Internet fue de 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020.
En todas las comunidades autónomas se ha registrado una tendencia al alza de los autoprohibidos, aunque es Islas Baleares quien lidera el ranking con el mayor incremento al pasar de 1.179 a 1.480, lo que implica una subida de un 25,53%. Le siguen la Región de Murcia, con un aumento del 22,44% (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); Comunidad Valenciana, con un 22,21% (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33% (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99% (de 2.791 a 3.349).
Tras ellas, se sitúan la Comunidad de Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77%, La Rioja (15,56%), Cantabria (14,89%), País Vasco (14,80%), Cataluña (14,29%), Principado de Asturias (10,99%), Canarias (10,77%), Andalucía (10,09%) y Aragón (10,08%).
También crecen los autoprohibidos en Castilla y León (9,48%), Galicia (9,38%) y Extremadura (7,97%), así como en las ciudades autónomas de Melilla (7,93%) y Ceuta (6,93%).
La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos online o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.
En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afectará al juego online y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las comunidades autónomas, se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.
Precisamente, el Ministerio de Consumo trabaja con los Gobiernos autonómicos en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros. De esta manera, se evitarán situaciones como, por ejemplo, que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una comunidad autónoma pueda jugar en otra.
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