Los vecinos de Bon Pastor llevarán "hasta el final" la denuncia al Ayuntamiento por el cobro ilegal de alquileres

Una de las Casas Baratas del barrio barcelonés. Foto: ep

Los vecinos de las antiguas Casas Baratas del Bon Pastor llevarán "hasta el final" la denuncia que hace pocos dias interpusieron contra el Ayuntamiento de Barcelona y el Patronat Municipal de l'Habitatge por el cobro antireglamentario del alquiler durante 10 meses a un total de 167 familias. Los hechos se remontan al 2015, cuando el consistorio mantuvo en exposición pública "más tiempo de lo debido" la tercera fase del proyecto de remodelación de las Casas Baratas -de las que a dia de hoy solo quedan en pie unas decenas- según sostiene la entidad denunciante Avis del Barri.  

Ese desfase comportó también la prolongación del plazo de la aprobación definitiva, hecho que impidió que los inquilinos dejaran de abonar sus cuotas de alquiler, tal y como les permitía la ley con la figura del paso del contrato 'a precario'. En total, se estima que se siguieron pagando hasta 300.000 euros que ni el Ayuntamiento ni el Patronat tendrían que haber recaudado si se hubieran cumplido los plazos establecidos para las diferentes fases de este tipo de proyectos urbanísticos.

LA AGENCIA CATALANA DE DATOS YA ADVIRTIÓ AL CONSISTORIO

"No se trata de un error, ya que tanto la regidora del Distrito de Sant Andreu como el presidente entonces del Patronat Municipal fueron alertados en más de una ocasión de esta infracción" afirma a CatalunyaPress Luís Fernández, uno de los representantes vecinales, para quien una "demostración clara" de que se incumplieron los plazos es que "l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades apercibió al Ayuntamiento y hasta emitió una resolución donde calificaba de infracción muy grave esa dilatación del proceso y el hecho que los datos de cientos de vecinos estuvieran més tiempo expuestos de manera pública".

"Ya no es sólo por el dinero pagado de más, sino por el tiempo y los esfuerzos que nos ha llevado y nos está comportando el informar reiteradamente al Ayuntamiento y batallar para que reconozcan que se saltaron los plazos, cosa que hasta ahora no han hecho", confiesa Fernández.  La denuncia incluye a la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, la exregidora de Sant Andreu Laia Ortiz, la actual regidora Lucía Martín, así como la alcaldesa Ada Colau y los expresidentes y exgerentes del Patronat Municipal de l'Habitatge.

"EXCUSAS" Y MALA FE

El Ayuntamiento sostiene que el retraso final se debió a un recurso de reposición presentado por un particular, hecho que los vecinos rechazan y califican de "excusa". "Lo que aduce el consitorio no tiene nada que ver con lo que pasó, ya que este recurso y otros que nosotros mismos presentamos se incluyen dentro de las fases que prevee la ley" explica Fernández, que deja entrever cierta mala fe en  el proceder municipal:  "Pudimos comprobar que hasta en una acta de un plenario del Distrito se omitió la parte de la intervención de nuestra asociación en la que informabamos de nuevo a la regidora de la infracción cometida".