El Parlament crea un grupo de trabajo con expertos para estudiar el impacto de la pandemia en las residencias

Fachada Parlamento @ep

La Comisión de Derechos Sociales del Parlament ha aprobado este miércoles la creación de un grupo de trabajo de expertos sobre el impacto del Covid-19 en las residencias, con los votos a favor del PSC, ERC, Junts -partidos que lo han propuesto - y Vox, y la abstención de la CUP, comunes y Cs.

Cada grupo parlamentario podrá proponer un experto que formará parte del grupo de trabajo, encabezado por la propia presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Mónica Ríos (PSC), y que podrá reunir de forma autónoma o con los diputados para averiguar “qué fue lo que ocurrió", según el diputado socialista Raúl Moreno.

Los centros residenciales catalanes han registrado 9.628 defunciones desde el inicio de la pandemia derivadas del Covid-19 , con datos el 14 de febrero, ha explicado la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, en una sesión informativa en esta comisión .

Cervera, que compareció para valorar el impacto de la quinta y la sexta ola del Covid-19 en las residencias de personas mayores, aseguró que la vacuna y los cribados fueron las herramientas principales de las dos últimas oleadas.

Ha detallado que, durante la primera ola, aunque no se contaba con tantos PCR ni test de antígenos rápidos (TAR), hubo 14.857 casos y 5.963 defunciones, mientras que en esta última ola se han registrado otros 15.000 casos y 401 defunciones.

La consellera ha afirmado que la variante ómicron ha entrado en gran medida en las residencias, pero los efectos de la vacuna han evitado lamentar un número de defunciones tan elevado como el de las primeras oleadas , en su opinión.

PROTOCOLOS

En cuanto a los protocolos, ha dicho que las residencias "deben empezar a ser espacios más abiertos", referida a las medidas de convivencia y visitas.

Raúl Moreno (PSC) criticó la disparidad de criterios, el exceso de protocolos y la falta de mecanismos de control de los centros, y pidió que apliquen "algunas" de las 58 propuestas aprobadas en el Pleno monográfico de residencias de julio de 2020 .

La diputada de los comunes Jessica González pidió un canal de comunicación "fácil" para que las familias puedan dirigir las quejas a la Generalitat si se vulnera el derecho a tener un contacto normalizado con sus familiares.

La diputada de Vox María Elisa Garcia reprochó a la consellera que Cataluña tenga "las medidas restrictivas más severas de España" y consideró que no tienen información de los centros y su gestión es opaca.

Según la CUP, la mayoría de plazas residenciales estén gestionadas por empresas y entidades privadas que "rebajan las condiciones laborales de los trabajadores", tienen horarios abusivos --sostuvo la diputada Basha Changue-- y, también en las palabras, degradan las condiciones de los residentes con menor cuidado, menos higiene y peor alimentación.

En su intervención, el diputado Joan García (Cs) ha subrayado que "se ha perdido el control y la gestión de las residencias concertadas por la Generalitat" , pero cree que el modelo público privado puede funcionar con una mejora del modelo a cargo de la consejería.

VACACIONES E INFANCIA

La titular de derechos sociales también ha explicado la partida de 600.000 euros para que unos 7.000 niños en situación vulnerable puedan participar en actividades de ocio educativo en vacaciones; el programa 'L'Estiu és teu' beneficiará a 1.300 más con 500.000 euros; y el programa para niños con discapacidades Respir, que aumenta el presupuesto hasta los 300.000 euros para superar la cifra de 96 monitores adicionales contratados en verano de 2021.

Moreno (PSC) ha afirmado textualmente que echa de menos cuál es la estrategia para hacer frente a la pobreza infantil del Gobierno, y Changue (CUP) ha insistido, sobre los contratos programa, en que se garanticen los recursos humanos para que los entes locales puedan implementarlos.

Desde Vox, consideraron que la administración en Cataluña no ha adecuado y dirigido sus acciones hacia una perspectiva de familias; los 'comunes' han criticado que el modelo no funciona porque no endereza las causas estructurales de la pobreza infantil y, al mismo tiempo, Cs ve insuficiente el incremento de los recursos económicos para el ocio educativo.

La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento también ha aprobado el dictamen de la proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional, cuyo debate y votación final se abordarán en el pleno previsto para el 22, 23 y 24 de febrero.