Encuentran cinco fetos en la casa de una activista anti-aborto

La policía descubrió cinco fetos en la casa de una activista contra el aborto que fue acusada esta semana de bloquear el acceso a un centro de salud reproductiva en 2020. La policía de Washington DC (Estados Unidos) acudió a la casa de Lauren Handy, una autoproclamada activista contra el aborto de 28 años.

Activistas anti aborto en Washington DC @unsplash

Nueve personas, incluida Handy, fueron acusadas formalmente el miércoles por un gran jurado federal de delito grave de conspiración contra los derechos por un bloqueo dentro de una clínica de abortos en Washington DC en octubre de 2020.

La policía fue informada sobre la existencia de "material de riesgo biológico potencial" en la casa de Handy en el sureste de Washington el jueves, donde encontraron los fetos que fueron analizados por la Oficina del Médico Forens. Por el momento, se desconoce el origen de los restos humanos y la razón por la que Handy los tenía en su casa. 

ASALTÓ UNA CLÍNICA ANTIABORTISTA

En la acusación del miércoles, los fiscales alegan que Handy llamó en una ocasión a la clínica de salud reproductiva fingiendo ser una mujer llamada 'Hazel Jenkins' que pidió una cita para un aborto. Cuando Handy llegó a la clínica, ella y los otros ocho coacusados entraron a la fuerza a las instalaciones. Mientras ingresaban de forma agresiva, una empleada fue derribada y se lastimó el tobillo.

Ya dentro de la clínica, los acusados presuntamente bloquearon la entrada con sillas y usaron cuerdas y cadenas para unirlas. Mientras estaba adentro, uno de sus coacusados, Jonathan Darnel, transmitió en vivo el bloqueo, alegan los fiscales.

En un momento dado, según los informes, Darnel afirmó: "Tenemos personas que intervienen físicamente con sus cuerpos para evitar que las mujeres entren en la clínica para asesinar a sus hijos". La acusación recién revelada acusa a los nueve acusados de conspiración contra los derechos y obstrucción del acceso a la clínica. El primer cargo es un delito grave que conlleva una sentencia máxima de hasta 10 años de prisión.