Foment reclama que las medidas del Gobierno ante la crisis son insuficientes

Foment ve con preocupación, entre otros, la limitación de fijación de la revisión de precios al alquiler, así como la prohibición de despido, en la que ya se expresó Foment del Treball en el periodo de la crisis de la COVID-19, ya que la continuidad de las empresas pueda verse perjudicada con mayores costes por retrasar medidas que vienen justificadas, no por la voluntad de los empresarios, sino por la dificultad del entorno y la continuidad de la empresa.

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El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una atención a los medios la semana pasada

 

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una atención a los medios la semana pasada
El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, hablando a los medios. Imágenes de archivo @ep 


La Junta Directiva de Foment del Treball se reunía hoy, entre otras cosas, para debatir acerca de las medidas impuestas por el Gobierno para afrontar las consecuencias a nivel nacional de la invasión de Ucrania. 


Tras un largo debate, la organización ha lanzado un comunicado a los medios en los que ha querido expresar su preocupación por la escasa dotación presupuestaria de las ayudas, y por la extensión temporal de estas, que presumiblemente deberían alargarse en el tiempo


Así, según la información publicada por el Gobierno, las ayudas directas a sectores se cifran en 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 M€ destinados al sector pesquero; 500 M€ para grandes consumidores de electricidad; 125 M€ para la industria gas-intensiva; y 450 M€ al transporte de carretera de mercancías y pasajeros, que, dice la organización, resultan "manifiestamente insuficientes ante la situación de grave dificultad que padecen los mismos".


Mientras el sector privado carga con fuertes incrementos de costes que dificultan su viabilidad en aquellos sectores energéticamente intensivos, Foment pone el foco en el incremento significativo de la recaudación impositiva, según los datos que se anunciaron el pasado 31 de marzo, de un del 15,1% en el ejercicio 2021 y un 21,4% para los dos primeros meses del 2022, que, en parte, proviene del aumento de precio. De ahí que haya sorprendido que no se hubieran tomado medidas fiscales importantes, como, entre otras, la actualización de las bases y limites fijos del IRPF. 




MEDIDAS FALTAS DE ESTRATEGIA Y SECTORES DESATENDIDOS

Se establecen para determinados sectores, y obviamente sin la exigencia de pérdida de facturación, 10.000 M€ de avales, que pueden ayudar a dotar de liquidez. En este caso, Foment expresa que, a pesar de sí suponer una ayuda adicional, no se dirigen a la causa esencial del motivo de la crisis, y de la correspondiente elevación de costes difícilmente digerible. 


Añaden que hay sectores, como el textil, que sufren de forma significativa la crisis y que no se mencionan en las medidas que se deben incorporar.


Por otro lado, Foment pide que se prolongue el plazo de presentación de la liquidación del CO2 hasta el 30 de junio, y que se pueda compensar con las ayudas que puedan recibir los sectores afectados. 


El impacto temporal de las medidas, en muchos casos hasta 30 de junio, es a muy corto plazo, por lo que la entidad reclama que sería conveniente estructurar una estrategia previsible de cómo actuar si no se producen avances significativos en la reducción de precios, sin tener que esperar a los “minutos” finales y valorar la evolución de los sectores afectados en la medida que se vaya o no consolidando una mayor estabilidad de los precios en los próximos meses. 


"Posiblemente estemos ante una dosis insuficiente de apoyo de la política fiscal a sectores afectados, lo cual tensiona los precios. Este hecho puede comportar aún más y durante más tiempo esta fuerte elevación de precios. Por todo ello, Foment del Treball, participa de las medidas adoptadas, aunque son manifiestamente mejorables tanto en volumen de dotación como en su extensión temporal", concluían.


Foment también ha incluído en el escrito su preocupación por la limitación de fijación de la revisión de precios al alquiler, así como la prohibición de despido, ya que "la continuidad de las empresas pueda verse perjudicada con mayores costes por retrasar medidas que vienen justificadas, no por la voluntad de los empresarios, sino por la dificultad del entorno y la continuidad de la empresa"


Por último, el comunicado, expresaba la necesidad de incrementar las medidas y monitorizar su evolución para así establecer una estrategia de actuación a largo plazo. 



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