El Govern despilfarró 7,8 millones de euros de dinero público en pagos a 34 residencias privadas

En la Residencia Palau, situada en Palau Solità i Plegamans ubicada en la provincia de Barcelona, fallecieron 55 ancianos entre marzo y abril de 2020, en la primera ola de la pandemia del Covid-19. Ahora, el director del centro y el médico responsables han sido denunciados por la Fiscalía por una gestión "negligente" y con "falta de diligencia" en el cuidado a los usuarios, "haciendo caso omiso a las recomendaciones del Gobierno y la Generalitat de Catalunya".

Pues bien, esta misma residencia, con un historial poco confiable en el cuidado de ancianos durante la pandemia, fue seleccionada por la Generalitat, entre un selecto grupo, para hacerse cargo de más pacientes cuando llegó la segunda ola. La Conselleria de Treball i Afers Socials i Familias, que en ese momento estaba bajo la gestión de Chakir El Homnrani, realizó contratos con 34 residencias privadas, a las que denominó centros 'buffer', para acoger a pacientes de otros geriátricos que estuvieran colapsados o tuvieran brotes incontrolables. 

Residencial Palau @googlemaps

A priori, estas residencias 'buffer' fueron seleccionadas por el Govern por tener más plazas y más capacidad para atender a pacientes. Sin embargo, sorprende que algunos de los centros sociosanitarios como el Federica Montseny en Viladecans o el ya mencionado de Palau Solità i Plegamans, que están siendo investigados por la justicia por graves negligencias en la primera ola, fueran escogidos como un tipo de espacio seguro para los ancianos en la segunda ola.

PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS  SIN JUSTIFICAR

"La Generalitat no se preocupó en contratar a residencias donde hay dudas claras de que hayan hecho una buena gestión durante la primera ola", explica Victor Echaniz, portavoz de Moviment Residències Catalunya y familiar de una residente del geriàtrico de Palau Solità i Plegamans, a CatalunyaPress. Sin embargo, la polémica en la gestión de estos contratos va más allá. Según reveló El Periódico, la Generalitat pagó previamente dinero a estas 34 residencias para crear unas plazas que finalmente, no fueron ocupadas. Solo se cubrieron el 18,8%, mientras que las empresas beneficiaras de la adjudicación se llevaron el 100% del dinero previsto para cubrir esas plazas: 7,8 millones de euros para pagar un servicio que, finalmente, no se utilizó. 

Las plazas que se ocuparon en estas residencias 'buffer' tuvieron un coste de 2,7 millones de euros y la Generalitat desembolsó 10,6 millones, por lo que hay aproximadamente 7,8 millones de euros que el ente público ha pagado a estas empresas privadas que no se han justificado. Es decir, 7,8 millones que han sido practicamente regalados. "Diseñaron los contratos sin ninguna cláusula de salvaguarda y además, no han hecho control sobre el dinero que han dado", afirma Victor Echaniz. Hay casos muy llamativos, como la ya mencionada residencia Palau, que no llegó a recibir a ningún paciente y, aún así, ha recibido dinero público. 

"Se han despreocupado totalmente de si el dinero público que bajo contrato pagaron se haya utilizado realmente para lo que decía el contrato", señala el portavoz de Moviment Residències Catalunya. Según explica a CatalunyaPress, las residencias estaban obligadas a contratar personal con el dinero que habían recibido de la Generalitat y así, poder hacer frente al traslado de los ancianos. Sin embargo, "nadie ha controlado como han gastado el dinero esas empresas beneficiarias", denuncia Echaniz. 

CatalunyaPress se ha puesto en contacto con las conselleries de Salut y Affers Socials para solicitar información sobre los contratos y, por el momento, no hemos obtenido respuesta. A quién sí ha respondido de momento el Ejecutivo catalán es a EFE, asegurando que no van a aportar ningún dato sobre estos contratos que no sea solicitado a través del portal de transparencia. Es decir, hay cierta resistencia a hacer pública la información, a la que tampoco se puede acceder a través del Portal de Contractació de la Generalitat. 

Con este panorama, desde el Moviment Residències Catalunya acusan al Govern de la Generalitat de presunta  "malversación de dinero público", y exigen una "comisión de investigación sería y respetable para saber qué pasó en las residencias", además de "un mínimo respeto para miles de víctimas y sus familias". 

"Exigimos también transparencia y datos concretos acerca de las licitaciones y contratos, que los responsables de los mismos respondan ante la justicia. Que la actual Consellera de Drets Socials, Violant Cervera, comparezca en el Parlament de Catalunya para esclarecer las adjudicaciones y contratos respecto a los centros 'buffer'", afirman desde este movimiento social en una nota de prensa recogida por CatalunyaPress.