El Ayuntamiento de Barcelona pagará 18.000 euros a los abogados externos de Colau en el "caso subvenciones"

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Luz Guilarte, ha preguntado al Ejecutivo de Ada Colau por los honorarios que perciben los abogados que la representan en la querella por las subvenciones a entidades afines.

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, interviene en la inauguración de las viviendas cooperativas de Cirerers en Nou Barris, a 31 de marzo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España).

 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, interviene en la inauguración de las viviendas cooperativas de Cirerers en Nou Barris, a 31 de marzo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España).

Ada Colau @ep


El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Luz Guilarte, ha preguntado al Ejecutivo de Ada Colau por los honorarios que perciben los abogados que la representan en la querella por las subvenciones a entidades afines. 


Según ha contestado el consistorio municipal en un escrito, Colau tiene contratados a dos abogados, Olga Tubau i Àlex Solà, que perciben un sueldo de 9.000 euros cada uno por toda la fase de instrucción. Es decir, la alcaldesa de Barcelona ha pagado 18.000 euros del erario público para financiar su defensa. 


Y es que, según informa el consistorio barcelonés en el escrito enviado a Ciudadanos y recogido por CatalunyaPress, el Tribunal de Cuentas declaró, en sentencia 1/2022, de 1 de marzo de 2022, que los gastos de defensa y representación de los funcionarios y cargos públicos de la Administración Local, siempre que sean consecuencia de su imputación en procesos penales y causas derivadas del ejercicio de las funciones propias del cargo o puesto de trabajo, pueden considerarse gastos indemnizables, por lo que la defensa de la alcaldesa, de momento, corre a cargo del propio Ayuntamiento.


Sin embargo, Colau se podría ver obligada a devolver al Ayuntamiento el dinero invertido en sus abogados. Si es declarada culpable, "la persona acusada debe retornar las cantidades que se hayan podido avanzar", según explica el propio Ayuntamiento en el informe. "Si hay responsabilidad penal, no hay ejercicio legítimo de funciones y, por tanto, no surge el derecho a la indemnización", concluye. 



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