Vox, Cs y PP registran la petición de dictamen al CGE de la ley del catalán en la escuela

En el texto, recogido por Europa Press, han asegurado que la proposición de ley vulnera los artículos 3.1, 3.2 y 27 de la Constitución y el artículo 6 y el 35 del Estatut de Catalunya, así como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del 16 de diciembre del 2020 que fija un 25% de castellano en la escuela.

Ahora la Mesa del Parlament deberá reunirse para tramitar la petición y se abrirá un plazo de siete días hábiles para que el CGE redacte su dictamen, por lo que previsiblemente retrasará la aprobación de la ley, que se iba a producir este viernes.

En el documento se advierte de que la ley del catalán vulnera el artículo 3 --sobre el castellano como lengua oficial-- y el 27 --sobre el derecho a la educación-- de la Constitución, porque "el deber de conocer el castellano está ligado al derecho a la educación,reconocido en el artículo 27 y negar por parte de la Administración conocer la lengua española y el derecho de los ciudadanos a usarla es impedir su derecho a la educación".

En este sentido, han criticado la "expresa y torticera ambigüedad con la que la presente proposición de ley reconoce como lengua vehicular únicamente la lengua catalana".

Han considerado que esto choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentencia del 23 de diciembre de 1994 estableció que "siendo ambas lenguas no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares".

Por todo esto, han sostenido que la ley del catalán solamente sería constitucional si garantizase el carácter vehicular del castellano --algo que a su juicio no hace--, el mínimo del 25% de asignaturas troncales en castellano, y un "trato igualitario" de las lenguas cooficiales en Catalunya.

ESTATUTO Y SENTENCIA DEL 25%

Han afirmado que la ley del catalán vulnera el artículo 6 del Estatut, que contempla tanto el catalán como el castellano como lenguas oficiales de Catalunya y que todas las personas tienen derecho a utilizar ambas lenguas y el derecho y deber de conocerlas, así como que los poderes públicos lo faciliten.

También han advertido de que es contraria al artículo 35 del Estatut, que define al catalán como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, y que, en base a doctrina del TC, esta definición "no impide el eficaz ejercicio a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje", algo que creen que la proposición de ley no hace.

Los tres grupos han avisado de que la ley del catalán no cumple con la sentencia del 25% del TSJC por "no recoger al castellano como lengua vehicular en la enseñanza, y no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal del castellano, en porcentaje no inferior al 25%".